MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Son Nuestros Hijos y la Asociación por la Gestación Subrogada en España afirman que la instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado emitida el viernes pasado y anulada al día siguiente, que permitía inscribir a bebés nacidos por estos procesos con una prueba de ADN en países en los que no hay sentencia judicial, era fruto de varias reuniones de las organizaciones con este organismo dependiente del Ministerio de Justicia, "concertadas" por Presidencia.
Según indican desde Son Nuestros Hijos a Europa Press, la denegación de inscripciones por el Consulado español en Kiev de bebés de unas 30 parejas el pasado mes de septiembre, llevó a las organizaciones a enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su 'número dos', Carmen Calvo, para solicitarles "cauces legales para que España cumpliera con sus obligaciones internacionales" en materia de inscripción de menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero.
Las organizaciones señalan que en contestación a esa carta, el propio Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, les contestó en fecha 17 de octubre indicándoles que daba traslado de la petición a los ministerios de Justicia y Exteriores.
"Quiero agradecerles su confianza al hacernos partícipes de dicha información, que hemos leído con interés y de la que les comunico que hemos dado traslado a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, competentes en esta materia", seña Redondo en su respuesta.
Según las organizaciones, "a los pocos días" les llamaron de las direcciones generales de Registros y del Notariado, Asuntos Consulares y Relaciones con la Administración de Justicia para cerrar unas reuniones, en las que "se abordaron las cuestiones jurídicas relativas a las inscripciones con normalidad y con todas las autorizaciones, pues venían directamente de Presidencia de Gobierno y se había informado, al Ministerio de Justicia".
Las entidades a favor de la gestación subrogada aseguran que en los encuentros con representantes de estos organismos, expusieron distintos argumentos legales que "finalmente se plasmaron en la instrucción" que el Gobierno envió a los consulados el viernes y que el sábado dejó sin efecto por decisión de la ministra Dolores Delgado, tal y como explicó este lunes 18 de febrero en una entrevista: "no tenía conocimiento de ella y se había hecho pública sin contar con mi criterio".
