Más de 100.000 solicitantes todavía no han sido evaluados
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se reunirá hoy jueves 4 septiembre con los responsables autonómicos de Asuntos Sociales para definir los acuerdos sobre el 'copago' y la acreditación de la calidad de los centros asistenciales para el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, según adelantaron a Europa Press fuentes de este departamento.
Así, el debate sobre la norma que fija los criterios comunes para la acreditación de los centros y compañías de prestación de servicios y la que fija los umbrales de renta que servirán para determinar la parte de los servicios que deberá pagar el usuario para completar las ayudas públicas (copago) se retomará en la próxima reunión del Consejo Territorial de Dependencia --integrado por los consejeros autonómicos, representantes de varios ministerios y de la Federación Española de Municipios y Provincias--, tal y como anunció la ministra el pasado mes de julio.
Asimismo, la responsable ministerial no descartó en la rueda de prensa posterior al último encuentro con los consejeros, que la actual coyuntura económica "pueda tener alguna influencia en el despliegue de la ley", al tiempo que aseguró que el compromiso del Gobierno y de su departamento se basa en el "cumplimiento con la memoria económica" que acompañó a la ley en el momento de su aprobación en el Parlamento.
MÁS DE 100.000 PERSONAS SIN EVALUAR
Según el último balance del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) correspondiente al 30 de julio de este año, que recoge Europa Press, el 81,33 de los solicitantes --436.205 personas de las 536.342 evaluadas-- de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia tienen ya reconocido su derecho a la prestación.
Las cifras reflejan que todavía hay 100.137 personas cuyas comunidades todavía no han analizado su caso. Así, las regiones más retrasadas a la hora de valorar a los posibles dependientes son: Extremadura, que ha estudiado poco más de la mitad de las solicitudes (58,66%), seguida de Baleares (59,86%), Navarra (66,72%) y Cantabria (67,75%).
Con más del 70 por ciento de los casos analizados, se encuentran Galicia (70,32%), Canarias (73,91 por ciento), La Rioja (75,35%), Andalucía (77,71%), Asturias (78,5%), Castilla-La Mancha (81,67%), Melilla (84,95%), Ceuta (86,21%), la Comunidad Valenciana (86,99%) y Aragón (87,42%). A mayor distancia se sitúan Cataluña (95,88%) y Castilla y León, Madrid, País Vasco y Murcia, que prácticamente han valorado el cien por cien de los solicitantes de esta prestación.
Según el informe, el 66 por ciento de los demandantes son mujeres (329.929), de las que la mayoría tiene más de 81 años, y el 34 por ciento son hombres (173.402), y donde las solicitudes se concentran en el tramo de edad de 66 años a más de 81.
De las 536.342 solicitudes, Andalucía es la comunidad autónoma que más demanda registra con 173.411 (32,33), seguida de Cataluña (62.610), Galicia (45.831), Castilla-La Mancha (33.647, Comunidad Valenciana (32.825), Castilla y León (22.769). Por el contrario, La Rioja (6.386) y Cantabria (10.115) han sido las regiones con menos demanda.
En el resto, los datos son los siguientes: Aragón (20.317), Extremadura (20.827), Asturias (19.910), Madrid (16.191), Canarias (15.567), Navarra (15.050) y País Vasco (12.709). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron 805 y 1.136 solicitudes respectivamente.
En lo que se refiere a la evolución mensual de las solicitudes, el informe desprende que la mayor parte se registraron entre los meses de mayo y julio de 2007, periodo que acumuló el 50 por ciento de las mismas.
