MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, destacó hoy en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que la prioridad del Gobierno es acabar con el tráfico de personas con fines de explotación sexual, al tiempo que apuntó cómo decisión competente de comunidades autónomas y corporaciones locales la regulación o no de la prostitución.
De este modo respondía a la interpelación urgente que sobre esta materia planteó la parlamentaria de Izquierda Verde Carma García. "Mi Gobierno no ignora la problemática derivada del ejercicio de la prostitución --insistió--. El reparto de competencias limita mucho la intervención de la Administración y permite que comunidades autónomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean oportunas, para eliminar los efectos nocivos que se derivan de su ejercicio".
Así, insistió en que hay una serie de competencias que ejercen las comunidades autónomas, también las corporaciones locales, en lo relativo a servicios sociales destinados a paliar la situación de las personas que ejercen la prostitución, políticas de inclusión social, sanitarias, de orden público o incluso de ordenación de la actividad económica de las comunidades autónomas, en lo atinente a salas, locales, donde se ejercen este tipo de actividades.
"Ello hace que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan actuar en la dirección política que entiendan más conveniente a la vez que limita la capacidad de intervención del Estado en este ámbito", reiteró.
LA MAYORÍA, PROSTITUCIÓN FORZADA
La prioridad de la Administración Central será, por tanto, la lucha contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual y la prostitución forzada que, a juicio del titular de Trabajo, es la que ejercen una mayoría de mujeres en España, que son inmigrantes irregulares traficadas y excluidas social y económicamente.
Para ellas, el ministro anunció que está diseñando la posibilidad de incorporar a las que abandonen la prostitución entre los colectivos beneficiarios de los programas de Renta Activa de Inserción y Formación para el Empleo. Además, recordó que los ministerios de Justicia, Interior y Trabajo están desarrollando un Plan Integral de Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
Sin embargo, la parlamentaria de Izquierda Verde, Carma García, critico que el ministro de Trabajo escondiera "la cabeza bajo el ala", por eludir el debate sobre la regulación o no de la prostitución voluntaria. A su juicio, lo más grave es que se desconocen completamente las cifras y dimensiones del fenómeno.
"ESCONDER LA CABEZA BAJO EL ALA"
"Si sólo vemos esta parte estamos escondiendo la cabeza bajo el ala: el ejercicio de la prostitución voluntaria también existe, no nos toca juzgarlo, nos toca entenderlo y garantizar sus derechos sociales y laborales", advirtió. En este sentido, resaltó que es necesario un debate urgente y sereno en el que se escuchen todas las voces que tengan algo que decir sobre derechos humanos, sociales y laborales de las mujeres que ejercen la prostitución".
Aunque aseguró que la Moción que presentará su grupo la próxima semana se dirigirá exclusivamente a facilitar este debate, García adelantó la posición de su Grupo: "La defensa de los derechos sociales y laborales y la necesidad de regular su actividad dando a las mujeres que ejercen la prostitución el control real de su propio cuerpo y el ejercicio libre de la prostitución con los derechos y deberes que conlleva".
