SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El hundimiento del petrolero Prestige ante las costas gallegas en noviembre de 2002 ocasionó, "además de una catástrofe natural", un gasto para el Estado español que asciende a más de 1.000 millones de dólares (711 millones de euros), derivados de los costes de las labores de descontaminación y otras actuaciones relacionadas.
Así lo explicó el Gobierno en respuesta a una pregunta presentada en el Congreso por el diputado del Izquierda Unida Gaspar Llamazares y a la que tuvo acceso Europa Press.
Según explicó el Gobierno, ante la "magnitud del desaste" el Ejecutivo decidió "reclamar por esos gastos" la responsabilidad de la empresa norteamericana 'América Bureau of Shippin' (ABS), ante los tribunales norteamericanos.
En este sentido, el Gobierno estatal entiende que ABS "es responsable de que el buque navegase sin reunir las condiciones" ya que fue ella la que "certificó las condiciones de navegabilidad del Prestige".
La acción judicial se encuentra actualmente en sede de apelación ante la Corte de Apelación de Nueva York, que resolverá el recurso del Estado español contra la resolución de 2 de enero de 2008 del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York por la que se inhibe del conocimiento del asunto.
Así, hasta el momento el Gobierno español ha gastado un total de 25,11 millones de dólares (17,8 millones de euros) en gastos judiciales derivados del caso.
