MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha trasladado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, unas propuestas para mejorar y garantizar el acceso "efectivo" a la justicia de las personas con discapacidad, con especial atención al beneficio de la justicia gratuita.
Así, entre las medidas planteadas destacan la creación de turnos de oficio especializados en materia de discapacidad, la creación de servicios de orientación jurídica, la creación de juzgados especializados, la designación de fiscales especializados, y que las personas con discapacidad sean beneficiarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El CERMI ha decidido trasladar estas propuestas al ministro ante el anuncio del Ministerio de Justicia de que es susceptible de revisar el servicio de asistencia gratuita, la forma de abonar sus emolumentos a los abogados de oficio, pero no por cada trámite judicial, sino por caso completo; así como de establecer un mayor control para garantizar que el beneficiario tiene la renta que dice tener.
A juicio del comité de personas con discapacidad, la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita planteada por el Ministerio constituye la vía "más adecuada" para incluir estas propuestas para facilitar el acceso a la Justicia por parte de las personas con discapacidad, en consonancia con los planteamientos de la Convención de la ONU.
Además, señala que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, así como el derecho a la asistencia gratuita como un instrumento "fundamental" regulado actualmente por Ley.
En este sentido, puntualiza que el total de personas que se acogen cada año en España al servicio de justicia gratuita es de 1,8 millones de personas aproximadamente, cuando, en teoría, sólo tienen derecho los ciudadanos con bajos recursos económicos.
De hecho, advierte de que, en la práctica, se ha demostrado que ha habido abusos en el servicio, lo que ha llevado al Ministerio de Justicia a plantear que sea el Gobierno central el que se encarga del coste íntegro de la asistencia de justicia jurídica gratuita y que las Comunidades Autónomas compartan una gestión coordinada del servicio y establezcan sistemas de control para evitar el fraude.
Esta gestión coordinada, según el CERMI, implicaría, entre otras cosas, tratar de consensuar un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita.
