SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) detectó en noviembre de 2007 un "cierto retraso" a la hora de tramitar las ejecutorias por parte del titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que condenó a dos años y nueve meses de prisión al presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por abusar de su hija.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que después de realizar una investigación en esa fecha, el Consejo, con el objetivo de que se subsanarán estas deficiencias, emitió una serie de recomendaciones al juez y a su secretaria.
Entre estas recomendaciones se encontraba la supervisión personal del negociado de las ejecutorias y de las ejecuciones de búsqueda y captura, además de que la secretaria ejercitara el impulso de oficio, entre otras.
Así, insistió en que el Gabinete de Inspección "realizó su trabajo", ya que detectó la problemática existente y planteó soluciones, esperando su pronta resolución. López recordó que el objetivo "no es suplantar la actividad del juez o la secretaria, sino emitir recomendaciones".
Además, explicó que no se realiza un examen de caso por caso, sino estadístico que analiza una muestra de los asuntos a tratar, lo que "puso de manifiesto cierto grado de lentitud a la hora de las tramitaciones de las ejecutorias".
En estos momentos, se está desarrollando una nueva inspección como consecuencia de lo ocurrido, que se terminará "lo antes posible" para que sus resultados sean analizados por una comisión.
Por último, animó a la Administración central, autonómica y a la Fiscalía a hacer sus propias investigaciones para, "entre todos y de forma coordinada, detectar errores, determinar deficiencias, depurar responsabilidades y buscar soluciones.
