MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Penal Nº2 de Barcelona ha condenado a un hombre, como autor de un delito contra la propiedad intelectual en grado de tentativa, por intentar vender obras originales de un grupo de seis fotógrafos sin el consentimiento de los autores en una casa de subastas.
Según el fallo, se condena al acusado a la pena de cinco meses de prisión y diez meses de multa, con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria para los fotógrafos Gervasio Sánchez, José Manuel Navia, Juantxu Rodríguez, Javier Rodríguez, Juan Carlos Barberá y Carlos Carrión.
Además, a petición de la acusación particular, se le condena al pago de 5.000 euros de indemnización por daño moral a cada uno de los seis denunciantes, "una suma muy prudencial, dado el valor artístico de la obra por el prestigio y profesionalidad reconocida de sus autores, y por el tiempo en que han estado privados de ella", según la sentencia.
También se le ha condenado a devolver a los mismos dichas obras, así como al pago de las costas de la acusación particular.
Según el relato de los fotógrafos, hace casi ocho años conocieron la intención de una casa de Barcelona de sacar a subasta un "enorme conjunto de diapositivas, procedente de una publicación madrileña, compuesto por miles de imágenes realizadas, mayoritariamente, en Madrid entre 1990 y 1994" el 24 de noviembre de 2011.
"Y a continuación figuraban nuestros nombres y los de otros destacados compañeros", han explicado los artistas, que "pronto" comprendieron que se iban a subastar obras fotográficas originales de su propiedad, sin su consentimiento. Entonces, contactaron con la casa de subastas para intentar parar "el desaguisado", sin éxito.
Fue tras interponer una denuncia en la Brigada de Delitos contra el Patrimonio y la Propiedad Intelectual de la Policía Nacional de Barcelona, cuando se pudo detener la subasta del citado archivo fotográfico.
Posteriormente, la investigación llevó a averiguar la identidad del vendedor, quien fue llamado a declarar y afirmó que había adquirido el material de la propietaria de un piso desocupado en Madrid, donde había sido abandonado por los anteriores inquilinos, un medio de comunicación ya desaparecido en aquellas fechas.
Además, el acusado alegó que las obras fotográficas eran copias y no originales, y que, aún en el caso de que fueran originales, no podía haber delito contra la propiedad intelectual puesto que se estaban vendiendo las fotografías como objetos, pero no los derechos de reproducción.
Por su parte, los fotógrafos lograron acreditar que las obras eran originales y de su propiedad, así como que habían sido cedidas para su reproducción al medio de comunicación que tuvo el piso arrendado en Madrid, con la obligación de reintegrarlas tras su utilización a la agencia que por entonces se ocupaba de su distribución.
"Nunca dimos por perdidas nuestras obras, sino que simplemente desconocíamos su paradero tras el cierre de la agencia un tiempo después. Y desde el principio defendimos que, al tratarse de originales (diapositivas) y ser por tanto únicos, su venta equivalía forzosamente a privar a sus autores de cualquier derecho sobre ellas", han indicado los fotógrafos.
