MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy de forma definitiva la reforma de la Ley de Montes de 2003, que prohíbe recalificar suelos quemados durante al menos 30 años, para hacer frente a los fuegos provocados por la especulación urbanística. La Ley --que entrará en vigor una vez se publique en el BOE-- contempla también, entre otras cuestiones, la creación de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente, considera al guarda forestal agente de la autoridad y habilita un Fondo para el patrimonio natural destinado a la financiación de la gestión sostenible de los montes. El PP criticó la norma por fijar un plazo en la prohibición de recalificar el suelo en lugar de dejar a las comunidades autónomas que decidan, tal y como establecía la anterior Ley de Montes.
La prohibición de recalificar el terreno en 30 años tras un incendio elimina la posibilidad de transformarlos y utilizarlos para uso agrícola, industrial o urbanizable en este período. Éste es uno de los puntos que ya contenía la anterior ley pero que ahora, en lugar de quedar ese plazo al arbitrio de las comunidades autónomas, tendrán que respetarse los 30 años.
Además a los guardas forestales se les otorga la condición de agente de la autoridad de manera que estarán facultados para hacer inspecciones, practicar diligencias de investigación y prueba, tomar muestras, sacar fotos y realizar planos.
El texto reformado, que pasa directamente al BOE para su entrada en vigor, también establece el compromiso de las administraciones públicas de promover el consumo responsable de los productos forestales en los procedimientos de contratación pública. Con este último punto se quiere favorecer la adquisición de madera, y productos derivados, procedentes de bosques certificados y de evitar los procedentes de talas ilegales de terceros países.
Según explicó la diputada del PSOE María Luisa Carcedo, la Ley pretende ser un instrumento más para convertir la gestión de los bosques en sostenible y permita la supervivencia de los valores naturales más importantes con el desarrollo económico y social".
Además se quiere profundizar en la coordinación con las comunidades autónomas; aumentar la protección con los montes protectores, sean de la titularidad que sean e incorporar enérgicas medidas contra los riesgos de los montes como la ocupación masiva de urbanizaciones no ordenadas y la lucha contra los incendios forestales.
La diputada del PP María Teresa de Lara explicó que su grupo se opone a la prohibición de la recalificación del terreno en 30 años porque ya estaba en la Ley de Montes, y "son las comunidades autónomas las competentes para establecer este plazo". De Lara denunció que en el proyecto de Ley haya un abandono de funciones de la Administración y "el cúmulo de despropósitos de la nueva clasificación de montes".
NO SE MEJORA LA ANTERIOR
Josep María Guinart, de CiU, criticó que esta ley no mejora la anterior y deseó que no se convierta en una Ley que se cambia según el Gobierno, como en educación. Por parte de ERC, Rosa Bonás destacó que en materia de competencias se alivian los litigios y se impulsa la coordinación entre administraciones, y que se ha reconocido a los agentes forestales como policía judicial.
El diputado de Izquierda Verde Joan Herrera criticó que se han suprimido enmiendas en el Senado, con los votos del PP, de calado medioambiental como la de la figura de monte protector, la prohibición de cambio de uso de suelo quemado durante 30 años o la reducción del número de infracciones. Y anunció su voto en contra de todas ellas.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se felicitó por la aprobación de la ley, porque significa un avance extraordinario en cuanto al fortalecimiento de la justicia en relación con los delitos ecológicos y urbanísticos. "Es muy importante eliminar la motivación de cambio de uso del suelo en relación con los incendios forestales", explicó.
