CORR.- El PSOE pide al Ayuntamiento de Oviedo la suspensión provisional de los agentes acusados de acoso a una sargento

Actualizado: viernes, 12 diciembre 2008 21:01

((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por cambios en el titular y párrafo primero, segundo y quinto))

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo pidió hoy por escrito al equipo de Gobierno que ordene la suspensión provisional de los funcionarios implicados en el caso de la denuncia por acoso interpuesta por la sargento de la Policía Local.

Según informaron en un comunicado, los socialistas ovetenses preguntarán al equipo de Gobierno la razón por la que en el Ayuntamiento de Oviedo "no existe un protocolo de actuación frente al acoso, tal y como exige la Ley de Igualdad".

En opinión de los socialistas, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, al margen de remitir las actuaciones correspondientes de la denuncia formulada por la sargento de la Policía Local de Oviedo, está "perfectamente legitimado para adoptar medidas inmediatas para suspender provisionalmente a las personas implicadas, máxime si, el propio instructor del expediente reconoce que existen indicios fundados de criminalidad".

El grupo municipal socialista considera necesario que se tomen esas medidas de forma "inmediata", para proteger "la situación personal y laboral de la denunciante y de acuerdo al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres".

Para los socialistas, el caso evidencia "la ausencia total de medidas mínimas en el Ayuntamiento de Oviedo frente a los supuestos de acoso en el trabajo. También se pregunta el PSOE los motivos por los cuales esta sargento sea la única mujer con mando en la Policía Local de Oviedo, "a pesar de que el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, obliga a los poderes públicos a adoptar medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres".

Por ello, el PSOE entiende que Gabino de Lorenzo y su equipo de Gobierno, "no parecen estar sólo en conflicto permanente con el resto de Administraciones Públicas del Estado, sino también en rebeldía frente a las leyes que salvaguardan derechos mínimos".