MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Dirección General de Inmigración para denunciar el retraso en la concesión de permisos de residencia a inmigrantes que colaboran con la Policía en la denuncia de redes o bandas organizadas, en ámbitos como la prostitución, según consta en un informe de esta institución que recoge Europa Press.
Estos permisos de residencia extraordinarios están previstos en la Ley de Extranjería, y se realizan por la Comisaría General de Extranjería y Documentación a instancia de la comisaría en donde se realice la actuación.
A este expediente debe añadirse el atestado policial, así como un informe que justifique la colaboración y valore su importancia. Las personas que reciben esta autorización pueden optar por ser repatriados, obtener permiso de residencia y de trabajo, así como facilidades para su integración social.
No obstante, el Defensor del Pueblo ha detectado que la expedición de las autorizaciones puede demorarse "largo tiempo", hasta que la instrucción judicial se encuentra en fase avanzada. En consecuencia, las personas que colaboran con estos actos de denuncia de bandas organizadas quedan "en la mayoría de los casos" en una situación de "precariedad durante largos meses" hasta que se resuelva el asunto de fondo.
Por ello, esta institución recomendó a la Dirección General de Inmigración para que, "con carácter urgente", las personas que se encuentren en este tipo de situaciones y en las que se apreciara carencia de recursos, recibieran ayudas sociales y psicosanitarias en centros asistenciales o de acogida a refugiados.
Por el momento, el Defensor del Pueblo mantiene la investigación abierta el pasado 30 de noviembre hasta recibir respuesta de la Dirección General de Inmigración, "a la que se le ha reiterado la demanda de información (la última el 7 de marzo), en un primer requerimiento".
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
El Defensor del Pueblo solicitó esta información después de que se resolviera favorablemente el caso de una ciudadana bielorrusa que se dirigió a esta institución quejándose de que, tras haber colaborado con las autoridades españolas en la persecución de redes organizadas, no se le había expedido autorización de residencia en España, ni se le había prestado ayuda para el regreso al suyo.
Según el Defensor, esta situación le impedía desarrollar "un trabajo para sobrevivir", por lo que no le quedaba otra opción que volver a la prostitución, actividad en la que fue víctima de la red mafiosa a la que denunció.
