MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo recibió en 2005 un total de 39.750 quejas, lo que supone un incremento del 37,1 por ciento respecto al año anterior, cuando se recibieron unas 11.000 quejas menos, según consta en el Informe Anual de la Institución, al que tuvo acceso Europa Press. La mitad de las quejas son relativas a temas relacionados con el Medio Ambiente (21.620), de acuerdo con el documento que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó hoy al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín.
Del total de quejas, 23.971 fueron presentadas por hombres (un 56,1 por ciento más que el año pasado), y 14.014 por mujeres (17,4 por ciento más que en 2004). Otras 1.625 quejas no se diferencian por el género del reclamante. Además, sólo 354 quejas (0,89 por ciento) fueron presentadas por extranjeros, sobre todo argentinos, franceses, marroquíes, colombianos y cubanos.
Por comunidades autónomas, 24.092 quejas se presentaron en Madrid (61,3 por ciento); 713 en Galicia; 374 en Asturias; 288 en Cantabria; 305 en País Vasco; 80 en La Rioja; 153 en Navarra; 1.112 en Castilla y León; 443 en Aragón; 1.689 en Cataluña; 313 en Baleares; 3.477 en Extremadura; 569 en Castilla-La Mancha; 2.856 en la Comunidad Valenciana; 385 en Murcia; 1.671 en Andalucía; 644 en Canarias; 37 en Ceuta y 55 en Melilla.
En cuanto a las áreas destacan las 21.620 quejas por temas relacionados con el Medio Ambiente; sobre todo por "las quejas relativas a la tala de árboles en el municipio de Madrid, a determinadas instalaciones eléctricas en el municipio de Arroyomolinos (Madrid) y a la instalación de una refinería en la comarca de Tierra de Barros (Extremadura)", según el informe de la Institución que dirige Enrique Múgica.
Así, 1.375 quejas se presentaron por asuntos relacionados con inmigración y asuntos exteriores; 3.693 por administración económica (incluyen 516 de haciendas públicas y 333 de sociedad de la información); 2.046 por justicia; 1.553 por Defensa e Interior (544 de seguridad vial, 334 de administración penitenciaria, 141 por seguridad ciudadana); 3.269 por Educación y Cultura (501 cooficialidad lingüística, 474 por educación, 111 por medios de comunicación e información); 2.636 de Sanidad y Asuntos Sociales (939 por sanidad, 574 por Seguridad Social, 222 por consumo); por Ordenación territorial (21.620 por medio ambiente, 428 por ordenación y planificación territorial, 384 por vivienda); y 1.661 por función y empleo públicos (475 por personal laboral, 365 por funcionarios).
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Concretamente en ordenación territorial, destacan las reclamaciones sobre aprovechamientos del agua, la prevención y la gestión de residuos (situación de vertederos y plantas de reciclaje, regulación de residuos ganaderos) y la creciente contaminación acústica, así como urbanismo y vivienda. "En este ejercicio destacan las quejas presentadas por el desacuerdo con el papel en la ejecución urbanística de los 'agentes urbanizadores' (elevados costes de urbanización) y las que tienen que ver con las dificultades de acceso a la vivienda protegida, sea de promoción pública o privada", resalta el informe.
Respecto a la sanidad, las quejas versan sobre técnicas de reproducción asistida, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, la atención al daño cerebral sobrevenido, las listas de espera y las víctimas de la talidomida. También las reclamaciones reabren nuevamente el asunto de la universalización del sistema de atención, que supondría reformas legales de envergadura que afectarían, por ejemplo, a las Leyes Generales de Sanidad y de Seguridad Social.
Asimismo, el Defensor del Pueblo recibió en 2005 quejas relacionadas con la falta de atención a determinados grupos de menores, la situación de las personas mayores, el cálculo de las pensiones de jubilación, las lagunas normativas en materia de uniones de hecho, el reconocimiento de la compatibilidad de las pensiones de viudedad con las del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), y la modificación de las prestaciones de maternidad y su ampliación (extendiendo, por ejemplo, las de parto múltiple a los supuestos de adopción) para estimular la conciliación de la vida personal y laboral, entre otras.
En materia de inmigración, también hubo actuaciones derivadas de la investigación 'in situ' desarrollada a raíz de los asaltos masivos al vallado de seguridad del perímetro fronterizo que separa Melilla de Marruecos; la necesidad de analizar con todo detalle la situación familiar y la del propio menor antes de proceder a la repatriación de menores no acompañados; el panorama de los centros de atención de menores extranjeros no acompañados, en Canarias; la idoneidad y el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros; la investigación respecto de los posibles casos de mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de malos tratos, y la recomendación para que se proporcione ayuda especializada a quien habiendo colaborado con las autoridades españolas, para desarticular las redes organizadas, no se le había expedido autorización de residencia.
EDUCACIÓN
En el capítulo de la educación, el Defensor del Pueblo recoge que ha suscitado particular interés es el de la violencia escolar, y las quejas más frecuentes se han producido por la carencia de plazas suficientes en educación infantil (más en núcleos urbanos de gran afluencia inmigratoria); por la concentración de alumnos de origen inmigrante; por la acreditación de rentas familiares en los procesos de admisión de alumnos; por los efectos reconocidos a determinados títulos y a ciertas equivalencias de los mismos; por las deficiencias de medios personales y naturales en educación especial; por retrasos en la tramitación de expedientes de homologación de títulos; por las características de la programación televisiva, y muy singularmente por los problemas prácticos de implantación de la cooficialidad lingüística.
En materia de cárceles, el Defensor del Pueblo alerta de que sigue creciendo el número de internos -penados y preventivos- en centros penitenciarios durante 2005, aunque el porcentaje de incremento (2,7%) sea menor que en el ejercicio precedente (6,8%). "Esta tendencia a la masificación es preocupante dada la finalidad constitucional de 'la reeducación y reinserción social' para las penas privativas de libertad y la garantía de los derechos fundamentales de los condenados", advirtió.
En cuanto a la actuación de la Justicia, destacan nuevamente las quejas sobre retrasos y dilaciones en los procedimientos judiciales (Tribunales y Juzgados) a pesar de las medidas que se han ido tomando para tratar de evitar estas disfunciones.
Respecto a la tramitación, la mayoría de las quejas se encontraban a finales de año en trámite (71 por ciento), aunque también destaca un 28,5 por ciento que no fueron admitidas a trámite. Como consecuencia de las reclamaciones recibidas, el Defensor del Pueblo elaboró 396 (139 recomendaciones, 156 sugerencias, 96 recordatorios de deberes legales y cinco advertencias).
