El 21 por ciento de la población gallega es dependiente, según las estimaciones de Vicepresidencia de la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente da Igualdade e do Benestar Social de la Xunta, Anxo Quintana, afirmó hoy que el anteproyecto de Ley de Dependencia, aprobado por el Gobierno central, "abre un nuevo campo que hay que aprovechar" y resaltó que permitirá financiar políticas más eficaces en la atención a las personas dependientes, ya sean mayores o con discapacidad.
En un acto celebrado hoy en Santiago de Compostela y antes de conocerse la aportación del Gobierno central para consolidar entre 2007 y 2015 el Sistema Nacional de Dependencia, Anxo Quintana manifestó que "hay un nuevo marco legal para la dependencia que suministrará por primera vez un mecanismo de financiación para que las políticas tengan eficacia y se plasmen en la práctica".
"Se abre una nueva expectativa que hay que aprovechar", aseguró el vicepresidente do Benestar Social, quien defendió que "la política y la acción de gobierno tiene que consistir en convertir los problemas en oportunidades". Reconoció que Galicia tiene "un grave problema", ya que cuenta "con un gran contingente que es dependiente", compuesto por personas mayores y personas con discapacidad.
Según detalló, en Galicia hay 568.000 personas mayores de 65 años y la tercera edad "es un sector social que precisa de atención y se la prestaremos". Recordó que su departamento ya anunció la creación de una red pública de la tercera edad, compuesta por residencias, centros de día y centros de recursos.
Otras de las acciones puestas en marcha por Vicepresidencia, a través de la Secretaría Xeral de Benestar Social, son la implantación de forma piloto del Programa de Prevención da Dependencia con el que se adaptará las viviendas de mayores que vivan solos y un Programa de Apoio Normalizado de Transporte Adaptado.
Fuentes de la Vicepresidencia do Benestar Social apuntaron a Europa Press que en Galicia se estima que el 21% de la población gallega es dependiente, ya sea porque son personas mayores que no se valen por si mismas o porque son personas con algún tipo de discapacidad que dependen de otros.
El alto nivel de envejecimiento de la población gallega hace que el porcentaje de personas dependientes sea mayor en Galicia que en el conjunto del Estado, donde se estima que es el 17% de la población española, algo más de 2,7 millones de personas.
LEY NECESARIA Y POSITIVA
Ante la aprobación del anteproyecto de ley de Dependencia, por parte del Gobierno central, la secretaria xeral do Benestar Social, María Xesús Lago, consideró "muy positivo" este marco normativo, por considerarlo "necesario y muy demandado por las personas con dependencia, familias y colectivos implicados desde hace mucho tiempo".
En su valoración, hecha a Europa Press, Lago señaló que es necesario que la sociedad "se vaya adaptando cada vez más los problemas concretos de todos los colectivos, especialmente de aquellos que necesitan más apoyos y atenciones. Recordó que Vicepresidencia apuesta por "una sociedad cada vez más justa y solidaria, donde la igualdad de oportunidades sea la premisa básica para todos los ciudadanos".
En ese contexto, apuntó que, en una primera valoración, la futura Ley de Dependencia es "esencial" para las personas dependientes, aunque puntualizó que no se pueden valorar otros detalles, como la financiación prevista, a la espera de disponer el texto aprobado por el Consejo de Ministros.
FUTURA LEY
La futura Ley de Dependencia entrará en vigor el 1 de enero de 2007, aunque su implantación será gradual hasta 2015. Esta norma reconoce un derecho universal y público para todos los españoles con dependencia mayores de 3 años, así como para los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España, aunque no para los jubilados extranjeros de países de la UE residentes.
El Gobierno central se compromete a garantizar la igualdad del servicio en todo el territorio nacional mediante la financiación íntegra del contenido básico del derecho, es decir, la creación de la Red de Servicios (centros de día, plazas de residencia, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio...) en toda España.
El Estado se compromete a financiar el 50 por ciento de la parte del servicio que el usuario no pueda sufragar, mientras que las comunidades autónomas deberán hacerse cargo del resto. Según un ejemplo práctico puesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si un usuario puede pagar, en función de su renta y su patrimonio, sólo el 20 por ciento del coste de una plaza de residencia, Estado y comunidades autónomas deberán costear el 80 por ciento de la plaza a partes iguales.
