HUESCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El litigio de los bienes de la Diócesis de Barbastro-Monzón depositados en Lleida ha centrado parte de la sesión plenaria celebrada hoy en la Diputación Provincial de Huesca (DPH). Un asunto que ha llegado a pleno mediante una moción presentada conjuntamente por los grupos del PSOE y PAR y que ha recibido el respaldo de CHA y el voto en contra del PP.
La propuesta de resolución presentada defiende la permanencia del litigio de los bienes sacros dentro del ámbito eclesiástico. La DPH muestra su respeto por las decisiones adoptadas por las distintas instancias eclesiásticas, su apoyo a la resolución de la Congregación de Obispos del 8 de septiembre de 2005 y solicita a las instancias eclesiásticas la mayor diligencia posible para la resolución definitiva de este litigo.
Así mismo, la DPH, a través de esta moción, solicita al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de la nación que mantenga incorporada en su agenda, para la reunión que tiene previsto mantener en breve con las más altas instancias del Estado Vaticano, la solicitud de una pronta resolución del conflicto. Insta también al obispo de Lérida a que sea respetuoso con las resoluciones de los tribunales eclesiásticos y pide a la Generalitat que una vez resuelto el litigio facilite el retorno de las piezas.
A través de esta moción la Institución provincial también ha querido manifestar su preocupación y rechazo por aquellos posicionamientos que, considera, únicamente "conducen a alimentar un estéril enfrentamiento social y territorial". En este sentido, tanto POSE como PAR han reprochado al PP su conducta y han criticado el "favorecimiento de un clima de confusión y de enfrentamiento partidista" en un asunto que el PP está "politizando, perjudicando gravemente el proceso de devolución".
El diputado socialista Ramón Miranda manifestó que "desde las administraciones civiles se debe de seguir apoyando las iniciativas del Obispado de Barbastro-Mozón y realizar aquellas acciones que desde el Obispado se pidan para facilitar el cumplimiento de una sentencia que es el objetivo último y real que todos tenemos". Para Miranda, "lo demás es intentar utilizar una cuestión para fomentar la división y confrontación social para interés partidario de un determinado partido político, que es el PP".
Según Antonio Romero, portavoz del PP en la DPH, esta moción es "una moción trampa, cuyo propósito es hacerle el juego al señor Maragall". Estimó que "ha habido demasiada delación", y que "ha llegado el momento de que Marcelino Iglesias ejerza de presidente de la comunidad autónoma y exija lo que nos corresponde, que es la devolución de los bienes a las parroquias aragonesas".
Por su parte, Gonzalo Lapetra, diputado del PAR, señaló que "lo fundamental para el PAR es que los bienes vuelvan a la Diócesis, pero sin que se politice, porque sino no será bueno como así se nos ha indicado en alguna ocasión".
CHA, que aboga por la devolución de todo el patrimonio aragonés emigrado, ha dado su apoyo a la moción presentada por PSOE y PAR. Javier Mur, portavoz de CHA, subrayó que "en estos momentos en que se están debatiendo estatutos, que se debaten señas de identidad a nivel estatal, nosotros tenemos una y que mejor que reconocerla abriendo esas reivindicaciones con nuestro patrimonio. El apoyo que hemos dado a la moción de hoy ha sido en base a que una parte de nuestras reivindicaciones han sido recogidas en la misma".
SERVICIOS FERROVIARIOS.
Por otra parte, el PP ha presentado una moción de apoyo y adhesión al manifiesto por la mejora de los servicios AVE en la provincia, firmado recientemente por los agentes sociales en la capital altoaragonesa, iniciativa que ha sido rechazada por el resto de los grupos.
El grupo socialista votó en contra porque "en la actualidad, el PSOE debe enmendar los errores cometidos por el gobierno del PP" y porque "recientemente ha habido una serie de mejoras en el servicio".
CHA no apoyó la moción en un acto "de confianza a la espera de una mejora en los servicios", mientras que el PAR se refería a las mejoras acometidas.
Finalmente, los cuatro grupos de la DPH daban el visto bueno unánime a una moción que traslada la preocupación por el posible cierre de cuarteles en la provincia y la pérdida de unidades militares.
También el pleno aprobó solicitar al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que en la propuesta de reorganización de la Agencia se atienda a criterios específicos para su aplicación en territorios que presenten características especiales.
