BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Cataluña avala que los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que este año ha empezado a impartirse en tercero de ESO en Cataluña y otras seis comunidades más, pueden adaptarse al "proyecto educativo" de cada centro, respetando, eso sí, los principios y objetivos de la materia y de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Así lo establece el Gabinete Jurídico de la Generalitat en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado por E-Cristians, la Fundación Abat Oliba, la Asociación de Juristas Cristianos de Cataluña y el dirigente de UDC Manuel J. Silva, en que reclamaba la suspensión cautelar de parte del decreto del Govern que despliega la asignatura en Cataluña.
La suspensión cautelar de parte del decreto catalán fue rechazada por el TSJC, aunque con el voto particular favorable de uno de los magistrados que defendió esta suspensión cuando los puntos de la materia entren en conflicto con las directrices morales que marca la Iglesia.
En el texto del Gabinete Jurídico de la Generalitat, al que ha tenido acceso Europa Press, el Govern defiende que Educación para la Ciudadanía es una "materia obligatoria según la LOE, con los objetivos y contenidos mínimos que fija la normativa estatal con carácter básico, así como los objetivos y contenidos que, respetando aquellos mínimos, fija la normativa catalana".
NO OBLIGA A RENUNCIAR A CONVICCIONES.
Respecto a objetivos que plantea la materia como el de "incorporar positivamente la pluralidad familiar y sexual", el gabinete, dependiente de la Consejería de Presidencia, argumenta que esta expresión "no implica una obligación de renunciar a convicciones propias respecto a la familia o a la sexualidad, sino, simplemente, reconocer un hecho incuestionable como es la pluralidad familiar y sexual en la sociedad actual y respetar las convicciones y opciones respecto la familia o la sexualidad de otras personas".
En relación al hecho de "reconocer y sentir la diversidad social, cultural, de género y de orientación afectiva como un hecho enriquecedor de la convivencia", que plantea la materia, el gabinete señala que los términos "reconocer y sentir" tienen en la norma impugnada "este sentido externo de reconocimiento y respeto, lo que es, obviamente, un factor enriquecedor de la convivencia o, en cualquier caso, ha de permitir una convivencia pacífica y, por ello mismo, es un factor enriquecedor de la convivencia".
"Esta parte no puede dejar de constatar que este respeto por cualquier otra persona sin tener en cuenta su orientación afectiva, es evidente que lo comparte la fe católica y parece que también lo comparten los actores, que citan en su escrito procesal" el Catecismo de la Iglesia Católica que "expresamente determina la necesidad de evitar toda señal de discriminación injusta con las personas por razón de su orientación sexual", indica el gabinete en su texto.
