MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
España defendió ayer ante sus socios europeos del Mediterráneo los motivos que le llevaron a realizar una regularización de inmigrantes en situación irregular el pasado año, dejando claro que aquella iniciativa no fue masiva y apoyando a partir de ahora una reflexión a nivel europeo para futuros casos en el resto de países de la zona Schengen.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, fue el encargado de encarar las críticas de varios países contra España, en especial las provenientes del ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, y señaló que en materia de regularizaciones lo que más preocupa a la UE es que una regularización producida en un país pueda llevar una serie de "fenómenos perjudiciales" para sus países en el sentido de que los inmigrantes legalizados puedan trasladarse a otros países.
"España mantiene que la regularización que en su momento se hizo, tiene pocos precedentes y sólo aquel que estaba integrado en la sociedad española porque tenía un contrato de trabajo, un vínculo afectivo con nuestro país", indicó en rueda de prensa.
Esta regularización vino a traer "orden donde no lo había" y a solucionar un problema con el que se encontró el actual Gobierno, prosiguió. "Ha tenido unos beneficios económicos evidentes sólo en cotizaciones en materia de Seguridad Social. Es evidente que no es una regularización masiva. No se regularizó a todo el mundo simplemente por el hecho de estar ilegalmente en nuestro país, sino sólo a aquellas (personas) que estaban vinculadas" a nuestro país, indicó.
Camacho insistió en que España no está a favor de las regularizaciones masivas, allí donde no exista vinculación ni consenso con los agentes sociales. "Sólo se regularizó a aquellas personas que estaban verdaderamente integradas. No existe ningún tipo de polémica con los socios, aunque probablemente sea necesario iniciar una reflexión acerca de si son posibles y deseables determinados tipos de regularizaciones" en el futuro, aseguró.
Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro, recordó que en los últimos cinco años se han regularizado a unos 4 millones de irregulares en el conjunto de la UE y que, por ejemplo, Sarkozy ha hecho lo mismo en las últimas semanas con más de 7.000 familias con hijos nacidos en Francia.
Los socios mediterráneos de la UE coincidieron en que la problemática de la frontera marítima reside en la dificultad para su control y vigilancia, la necesidad de luchar de manera eficaz contra la inmigración ilegal, las obligaciones de búsqueda y rescate, la colaboración con países terceros y la complejidad de identificar y retornar a los ilegales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó un comunicado al término de la reunión en la que se subraya que las experiencias acumuladas en el 2006 de cooperación operativa entre los Estados miembros y con FRONTEX en las fronteras marítimas, permiten extraer algunas conclusiones y realizar propuestas concretas para mejorar la respuesta europea a corto plazo e incrementar la eficacia en la lucha contra la inmigración ilegal por vía marítima.
Entre las propuestas concretas, el Gobierno español destaca las medidas europeas, tanto a nivel interno como en las relaciones con países terceros, "muchas de las cuales ya han sido objeto de reflexión previa entre España y otros estados miembros, si bien ahora son asumidas por los socios de la UE, la Comisión y la Presidencia", apunta el Departamento de Miguel Ángel Moratinos.
De hecho, la UE asume los problemas específicos de la frontera marítima meridional europea y la Presidencia y la Comisión los trasladarán al Consejo. Entre estas propuestas destaca el planteamiento de construir un partenariado entre la UE y África de cooperación en temas de migración y desarrollo con los países de origen y tránsito, que aborde la inmigración desde un punto de vista integral. Exteriores recuerda que la Conferencia de Rabat, a iniciativa de España, creó las bases de esta cooperación y se prevé ampliar el diálogo a nivel continental entre la Unión y el continente africano.
En este sentido, España y sus socios de la UE prevén continuar el diálogo de la UE con los principales países de origen y tránsito de la inmigración, fomentar la cooperación en acciones relacionadas con la frontera marítima, la identificación de nacionales y su repatriación y la asistencia técnica y financiera.
En la misma línea, apuestan por crear "mecanismos estables y viables" de identificación y repatriación, junto con asistencia para la sostenibilidad de ambas; luchar "decididamente" contra las mafias y el tráfico de seres humanos y adaptar la asistencia técnica y financiera para las políticas de inmigración, en el marco de las políticas de cooperación al desarrollo.
PROPUESTAS A NIVEL EUROPEO
En el marco de la UE, los países europeos señalan la necesidad de reforzar las capacidades presupuestarias, de personal, de procedimiento y operativas de la agencia Frontex y crear un catálogo de recursos y equipos disponibles (personal, medios aéreos y marítimos) para poder hacer frente a "operaciones conjuntas de patrullaje, en las fronteras marítimas, y en otros tipos de frontera".
En la misma línea, prevén reforzar su coordinación operativa mediante la creación de una denominada "Red Europea de Patrullas Costeras" y la realización de patrullas conjuntas, en especial con países terceros; impulsar un Sistema europeo de vigilancia electrónica --a semejanza del SIVE español-- que cubra todo el Mediterráneo y la zona atlántica euro-africana; adecuar el derecho marítimo internacional a la inmigración ilegal; y la "rápida aprobación" de la propuesta de la Comisión para los equipos de intervención rápida en las fronteras exteriores, cuya experiencia piloto está funcionando en Canarias desde este verano.
Por último, España y sus socios ven la posibilidad de extender dichos equipos a las tareas de acogida y atención humanitaria, incluyendo en particular el fenómeno de los menores no acompañados, y establecer un "rápido acuerdo" sobre la financiación europea para los estados miembros con obligaciones en las fronteras exteriores.
Navarro hizo hincapié en que en el asunto de los menos, se ha planteado la necesidad de una reflexión "a efectos de garantizar la protección adecuada y debida por toda la Unión Europea a los menores que entran de una manera ilegal".
