MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) ha rechazado este jueves la decisión del Tribunal Constitucional de no reconocer discriminación racial en el caso de una casada por el rito gitano como motivo para denegarle la pensión de viudedad tras el fallecimiento de la persona con la que convivía.
La federación ha denunciado "la pérdida de todos sus derechos" que ha sufrido esta persona y "el ninguneo absoluto de la administración solo por ser gitana, una mujer gitana".
El tribunal no ha apreciado que exista una discriminación directa basada en motivos sociales o étnicos al no haber equiparado la unión de la demandante con las uniones de hecho debida y legalmente formalizadas. En concreto, señala que "la unión celebrada conforme a los usos y costumbres gitanos no ha sido reconocida por el legislador como una de las formas válidas para contraer matrimonio con efectos de validez civil".
En un comunicado, Fakali ha señalado que, aunque acata la sentencia, considera que en esta afirmación del tribunal "no puede haber mayor representatividad de la indiferencia al factor étnico". En este sentido, ha denunciado que el colectivo gitano, principal minoría étnica en España con casi un millón de habitantes, está "abandonado" por parte de la Administración en el "reconocimiento" de sus derechos, de su cultura y de sus tradiciones.
En esta línea, ha amenazado con recurrir de nuevo al Tribunal de Derechos Humanos (DDHH) de Estrasburgo apelando a la decisión que la corte europea adoptó en 2019 de reconocer el derecho de una mujer gitana a cobrar la pensión de viudedad después de que la Seguridad Social se lo denegase.
En concreto, reconoció a María Luisa Muñoz Díaz, conocida como 'la Nena', el derecho a beneficiarse de una prestación que la Seguridad Social no le concedía bajo el argumento de que sólo los cónyuges pueden percibir una pensión de viudedad. En su caso, su matrimonio de más de 30 años no quedaba reconocido por partir de un enlace gitano. La mujer emprendió entonces una batalla legal por discriminación que le llevó hasta Estrasburgo.
"¿Tendremos que volver de nuevo a Estrasburgo para que admita ese matrimonio al que la Administración española ha dado validez con toda una serie de documentación oficial que acredita su vida en común, como un Libro de Familia, y, sin embargo, no reconoce el derecho legítimo de la viuda a percibir aquello que le corresponde?", se ha preguntado.
El caso examinado por el Tribunal Constitucional se remite a noviembre de 2014, cuando la recurrente en amparo demandó a la Seguridad Social tras negarle la pensión de viudedad después de haber fallecido su pareja con la que estuvo conviviendo al menos durante 15 años anteriores al óbito. Fruto de su unión nacieron cinco hijos, si bien no consta inscripción de la unión como pareja de hecho y los hijos aparecen inscritos en el libro de familia como de padres solteros.
Para la asociación, "llama poderosamente" la atención que no se haya tenido en cuenta la existencia de una amplia documentación que demuestra el vínculo sentimental, asimilable al de un matrimonio, existente entre la reclamante y su pareja fallecida.
"Los poderes públicos, a nuestro juicio, deberían tener en cuenta estas circunstancias personales antes de tomar una decisión tan trascendental, y promover una interpretación y aplicación de la ley de manera flexible, siempre en aras de defender el bienestar de la ciudadanía", ha reclamado.
En este sentido, ha cargado contra "la tendencia" de los tribunales españoles a "evitar manejar el principio de equidad para resolver en este tipo de asuntos cuando la Administración Pública española se enfrenta a la variable del componente étnico". "Lo formal contra la realidad, la interpretación estricta contra lo obvio, la negación de un derecho frente a la protección de la mayoría", ha lamentado.
Fakali también ha denunciado el "escaso" conocimiento "riguroso" sobre la realidad social de este colectivo "como claro reflejo de la invisibilidad y el vacío estadístico de lo gitano" y "significándose en todo momento su vínculo con la pobreza, la marginación y la discriminación, sin reconocer ni respetar su diversidad y aportación cultural".
Así, ha recordado que así lo recogió en su informe el Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, tras su visita a España en 2020. "Nada ha cambiado. La mentalidad burocrática sigue permitiendo a las autoridades eludir su responsabilidad y valorar más el formalismo que el bienestar de las personas", ha denunciado la asociación, que ha asegurado que se encuentran "abandonados" por las administraciones.
