MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La familia de Antonio Meño, un hombre que quedó en coma hace 20 años tras someterse a una operación de estética, denuncia "corrupción" en el seno del Comité de Derechos Humanos de Ginebra, al que acudieron hace ahora dos años para que se investigase lo sucedido con el caso de su hijo, que a día de hoy no ha recibido indemnización por la presunta negligencia médica.
Tanto los padres como el afectado, que se encuentra en coma irreversible, llevan cerca de cuatro meses viviendo en tiendas de campaña en la calle, en plena Plaza de Jacinto Benavente, "pidiendo justicia" y recogiendo firmas para buscar salidas a su situación, ya que después de 20 años todavía no hay una decisión judicial definitiva acerca del caso de este joven.
Entre sus movimientos, han acudido al Congreso de los Diputados con más de 25.000 firmas para solicitar al Parlamento que exija al Comité que atiendan su caso, puesto que la respuesta que han recibido en varias ocasiones de este último es que no está "en condiciones" de atender su asunto, lo que consideran, por su parte, un "extraño comportamiento" hacia ellos.
Sin embargo, la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados ha contestado a la familia transmitiéndole su "profundo pesar" por las circunstancias de su hijo pero comunicándoles que sus competencias constitucionales "no les permiten exigir cuentas al Comité de Derechos Humanos de Ginebra" y, por tanto, tienen que proceder a archivar la petición.
Tras recibir esta respuesta, la familia ha planteado al Congreso de los Diputados que si no rectifican en un plazo de diez días (el que concede la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), interpondrán un recurso contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona "por violación" de sus propios derechos.
Según la familia, y atendiendo a lo establecido en el artículo 93 de la Carta Magna, corresponde a las Cortes garantizar a los ciudadanos que el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos se cumpla. Además, para la aprobación de este tratado internacional fue oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes.
"Nosotros le estamos hablando de corrupción en el seno del Comité de Derechos Humanos", indican Juana y Antonio, los padres del enfermo, que en una carta al Congreso, recogida por Europa Press, denuncian que a esté Comité llegan comunicaciones de españoles "que son echadas para atrás sin ni siquiera leerse, por personas adscritas a ese comité que ocultan hasta su nombre".
En este sentido, aseguran que "no queda ni rastro" de las comunicaciones que se les devuelve y que, por lo tanto, "no hay constancia registral de cuantos acuden al Comité ni de las violaciones del Pacto que no han sido atendidos por los miembros que componen tal Comité porque no llegaron éstos ni a conocerlas".
Por ello, considera que el Congreso tiene la obligación, "en nombre de la dignidad y derechos de los españoles", de abrir una investigación con el fin de que el Estado pida al Comité que designe una Comisión especial que indague e informe sobre los hechos "gravísimos" que denuncian.
"No nos digan que sienten un profundo pesar por lo sucedido a nuestro hijo mientras nos niegan el legítimo derecho de Petición que presentamos", continúan en su misiva, donde indican que los parlamentarios "no sienten nada ni quieren saber nada". "No tienen siquiera conciencia de nuestro sufrimiento desde hace más de veinte años", apostillan.
Así, instan a las Cortes con unas 5.000 firmas (las últimas que han presentado) a que se pongan a trabajar para lo que "fueron elegidos". "Defendernos de los abusos y corrupciones de esa Institución Internacional que tanto dinero nos cuesta y que solo sirve para romper las ilusiones y esperanzas de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país que ante ella acudimos", agregan.
