MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, aseguró hoy que las administraciones "se suelen volcar y suelen facilitar bastantes los medios que se les piden" para los macrojuicios y precisó que en el caso de la vista oral del caso 'Malaya' la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con él "por razones de experiencia en este tipo de procesos".
"La veo muy activa", dijo en referencia a la Junta, "al igual que al ponente --José Godino-- y al presidente de la Audiencia de Málaga --Francisco Javier Arroyo Fiestas--". A este respecto, indicó que la administración andaluza ha solicitado "la opinión" a la Audiencia Nacional, a través de su persona.
En este sentido, recordó que desde el año 1999 ha celebrado más de media docena de macro procesos. Además, aseguró que el Gobierno andaluz también ha preguntado sobre cómo se tiene que hacer la digitalización del sumario "para que sea útil", trasladándole el magistrado su experiencia en varias causas.
Gómez Bermúdez, que participó hoy en Málaga en la mesa redonda sobre la 'Problemática de los macrojuicios', dentro de la VIII Semana Jurídica Malacitana, patrocinada por Cajamar, precisó que en este tipo de juicios con muchos acusados existe "una carga de trabajo excepcional y durísima para el ponente y presidente del Tribunal".
Según señaló en rueda de prensa previa a la mesa redonda, al magistrado José Godino lo único que le ha dicho es que tiene "muchísimo trabajo por delante". Aunque dijo que no le ha dado ningún consejo, apuntó que está "a su disposición como con cualquier compañero para comentar" lo que sea necesario.
Gómez Bermúdez subrayó que este tipo de grandes procesos "tienen muchas dificultades no sólo jurídicas sino de gestión, de tiempos, de costos e incluso de afectación del derecho de defensa", por lo que señaló que "quizás una de las preocupaciones máximas es no perjudicar el derecho de defensa de los acusados".
En este caso, incidió en que "pensar que los profesionales del derecho van a hacer maniobras dilatorias no tiene sentido en un proceso donde no va a haber presos probablemente dadas las fechas de celebración", por lo que indicó que "no se puede partir de la presunción de mala fe, sino de buena fe".
Asimismo, consideró que en general estos profesionales "siempre han colaborado con los tribunales" porque "son los primeros interesados en que estos procesos no se dilaten, porque imagínense un despacho absolutamente colapsado y paralizado por un procedimiento de este tipo durante dos años".
El magistrado estimó que cualquier sentencia de este tipo, "con un trabajo previo muy intenso de un año de preparar archivos, apéndices, clasificar la prueba y controlar el sumario", puede tardar "no menos de cinco o seis meses".
