Greenpeace reclama el cierre de las nucleares catalanas tras los últimos sucesos

Actualizado: miércoles, 22 julio 2009 16:59

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace reclamó hoy a la Generalitat que agilice el calendario de cierre de las centrales nucleares catalanas, tras los últimos sucesos registrados, para desmantelarlas antes de 2015, y no a partir de 2025 como está previsto en Plan de la Energía de Catalunya, según avanzó la entidad.

La delegada de Greenpeace en Catalunya, Anna Rosa Martínez, afirmó hoy en rueda de prensa que el "mal estado" de las centrales catalanas las convierte en "un peligro", y reclamó que sean clausuradas antes de los 39 años que la Generalitat tiene previsto mantenerlas activas. Según Martínez, el tiempo de vida útil de estas instalaciones no supera los 25 años, edad que todas ellas han superado o están a punto de cumplir.

Aseguró que la parada no programada de Ascó I (Tarragona) el pasado lunes al intentar conectarse a la red eléctrica demuestra que "no se ha aprendido la lección", y que la actual cultura de seguridad en las centrales "continúa siendo muy pobre". Recordó que los fallos en instalaciones nucleares catalanas representan más de la mitad de los incidentes detectados en todo el Estado durante los últimos meses.

Martínez subrayó que esta no es la primera vez que se produce el mismo incidente en Ascó I, y cuestionó que la central no sea capaz de establecer qué operario efectuó la revisión del sistema, y por lo tanto cómo se produjo el error humano que provocó el fallo. Ello demuestra, según la delegada, que es imprescindible el cierre de la central "antes de que el susto sea más importante".

En otro orden de cosas, Martínez culpó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la fuga nuclear en Ascó I en 2007 por su falta de acción, ya que "permitió" que la Asociación Nuclear-Ascó Vandellós (ANAV) antepusiera sus intereses económicos a la seguridad", y acusó a la Generalitat de haber intentado silenciar el accidente y enviado un mensaje de impunidad al no haber reclamado la retirada de la concesión a la gestora de la central, la eléctrica Endesa.