SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil anunció hoy la incautación, a través de los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de más de 3.500 kilogramos de pescado que no reunían la talla mínima exigida, en dos intervenciones cuyo valor total oscila alrededor de los 58.000 euros.
En un comunicado, el Instituto Armado detalló que una de las actuaciones se desarrolló en Lebrija (Sevilla) cuando los agentes se encontraban realizando su labor en la AP-4. Tras percatarse de la presencia de un vehículo que les resultó sospechoso, le dieron el 'alto', lo que provocó que se diera a la fuga con dirección a Sevilla, siendo interceptado a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Seguidamente, la patrulla inspeccionó el vehículo de transporte, observando que portaba productos pesqueros --boquerones y chirlas-- y comprobó que la talla de éste era inferior a la reglamentaria y que el pescado carecía de la documentación y del etiquetado exigible.
Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la aprehensión de 1.250 kilogramos de boquerones --Egraulis encrasicholus-- y 150 kilogramos de chirlas --Venus gallina--. Este pescado inmaduro, que en el mercado alcanzaría un valor de venta aproximado de 28.000 euros, fue trasladado posteriormente y depositado en los almacenes frigoríficos de Mercasevilla para su conservación.
El segundo de los operativos se llevó a cabo en la localidad sevillana de Dos Hermanas cuando la Benemérita, al inspeccionar zonas comunes de Mercasevilla, incautó un total de 2.288 kilogramos de pescado. De ellos, 1.858 kilogramos eran de merluza; 145 kilogramos, de chirla; 100 kilogramos de coquina y 85 kilogramos de jurel.
Asimismo, todo este pescado carecía de la talla mínima reglamentaria, procediéndose también a la incautación de un total de 100 kilogramos de cañaíllas por carecer de etiquetado exigible. Este pescado, una vez vendido, alcanzaría un valor estimado en 30.000 euros. Por los hechos anteriores y, en ambos casos, el Seprona presentó una denuncia ante la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Los inmaduros requisados se encuentran en la actualidad a la espera de su inspección veterinaria y, cuando se decrete su aptitud para el consumo humano, se distribuirán entre los distintos centros benéficos a través del Banco de Alimentos. En caso de declararse no apto para el consumo, el pescado será destruido. Entre estos centros se encuentran residencias de ancianos de Sevilla y provincia, guarderías, centros de acogida, comedores benéficos, centros religiosos o asociaciones de drogodependientes.
