MURCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La madre biológica y su pareja sentimental, que denunció al magistrado Fernando Ferrín Calamita por un supuesto retraso en los trámites de adopción de la hija de su pareja, indicaron hoy en su comparecencia durante la segunda vista del juicio oral, que cuando el acusado retiró la patria potestad a la madre biológica de la menor, Susana M., y nombraron un defensor judicial para que representara a la niña, temieron que les pudieran quitar la custodia.
Así lo manifestó hoy en primer lugar la cónyuge de la madre biológica, Vanesa H., asegurando que en el momento en el cual se estuvo cuestionando la idoneidad de la madre biológica y la de ella misma "tuvimos el temor de que nos la pudieran quitar".
En el turno de preguntas de la acusación particular, por parte de la letrada Encarnación Martínez, Vanesa H. manifestó que cuando el juez acusado solicitó ese informe se sintieron "nerviosas e indefensas, porque en un principio no hacía falta y no sabíamos hasta donde podía llegar".
Cuando la niña nació --hace casi tres años-- la adoptante relató que primeramente acudieron al Registro Civil para informarse de los trámites a seguir para que la niña figurara como hija suya.
En el registro les dijeron que no podía figurar como hija del matrimonio, que en el libro de familia sólo podía aparecer la niña con la madre biológica, y ella iniciar los trámites para la adopción.
Vanesa H. señaló que fueron a Seguridad Jurídica y les informaron del proceso de adopción que tenían que llevar a cabo, y ahí es donde les dijeron que "es una adopción de hijo de cónyuge y que no requiere mucho papeleo" que "en un mes o dos meses como mucho estaría listo".
Pero lo cierto, es que el proceso no fue tan breve como les señalaron en un principio. Cuando el Juzgado de Familia solicitó el examen de idoneidad, incluso de la madre biológica, la compañera sentimental de la madre biológica dijo que se sintieron indefensas, "no entendíamos por qué nos lo pedían. Nos sentimos desamparadas al ver que un juez pudiese pedir y pedir cuando, en principio, no hacía falta para una adopción de este tipo".
La abogada de la acusación particular preguntó como se sintieron al recibir en abril de 2007 una providencia en la que se explicaba que la madre biológica había demostrado tener interés contrapuestos con su hija, además de nombrar un defensor judicial para la menor, a lo que contestó que la madre "temió que el juez le pudiera quitar a la niña, ya que en el momento en el que le nombra un defensor judicial le está quitando los derechos sobre su hija. Era algo impensable para nosotras".
También se refirió al examen que le hizo la Dirección General de Familia que consistió, según relató "en una entrevista sobre la situación personal de mi mujer y la mía, cuándo nos conocimos, la educación que pensábamos darle a nuestra hija, la situación familiar y su entorno".
Ambas pasaron el examen --al cual no tuvieron acceso-- pero recibieron posteriormente una providencia en la que Ferrín Calamita pedía a la Dirección General de Familia que ampliara el informe para que todos los psicólogos de dicha dirección contestasen a varias preguntas.
PETICIÓN DE AMPLIACIÓN DEL INFORME
Estas preguntas fueron, "incidentes que para el desarrollo armónico de la menor pueda tener la falta de la figura paterna y la tenencia por el contrario de dos figuras maternas; es irrelevante desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor que los progenitores biológico o adoptivo con quienes aquel diariamente convive sean o no del mismo sexo; no es alta la probabilidad por ejemplo de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad; no es un derecho del menor el de ser insertado en una familia 'normal' compuesta por dos personas de distinto sexo y que por ello son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario".
Vanesa H. aseguró que "al leer estas preguntas pensaron que el juez acusado quería sacar a la niña de su familia natural para dársela a otra compuesta de padre y madre".
"Esta angustia se extendió al resto de la familia, incluso nos llegaron a preguntar en el trabajo si nos habían quitado la custodia de la niña". Finalmente, la adoptante mantuvo que se "sintieron discriminadas por su orientación sexual".
Por otro lado, en la comparecencia de la madre biológica de la niña, Susana M., a preguntas del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, apuntó que en el caso de que le hubieran denegado la adopción "jamás hubiéramos dejado de vivir juntas y nunca hubiera entregado a la niña en adopción".
"Es un proceso que comenzó como algo sencillo, se complicó muchísimo y se convirtió en una pesadilla. Sufrí una angustia que cualquier buen padre o madre me entenderá. Cuando le ponen un defensor judicial a tu hija, tan pequeña, te quitan la patria potestad de decidir por ella, sin motivo alguno justificado, sufres por ti y por toda la familia", aclaró.
LA MENOR NO SE VIO AFECTADA PERO SÍ LOS FAMILIARES
A la pregunta que le formuló el abogado de la defensa, Javier María Pérez Roldán, sobre si la niña se había visto afectada durante este proceso de adopción, la madre biológica afirmó que no, pero "sí que se vieron afectados nuestros familiares".
Además, Meseguer explicó que desde el primer momento que como madre natural me pidieron ser examinada sentí una angustia, una injusticia y una indefensión, que según declaró "no podría explicarla con palabras". "Me sentí un ciudadano de segunda", matizó.
La acusación particular, pidió a la madre biológica que explicara como se sintió cuando Ferrín Calamita aludió que no eran "una familia normal", y Susana M. manifestó que "nos sentimos desprotegidas, a pesar de iniciar un proceso que estaba cubierto por la ley y regulado, pero tal y como avanzaba el proceso nos sentíamos más indefensas y ya finalmente con mucho miedo a peder a la niña".
En la comparecencia de la psicóloga del gabinete Psicosocial, E. B. --que firmó los informes favorables a la adopción--, indicó que "si se daba la adopción o no, no iba a suponer ningún cambio para la menor, puesto que era hija biológica de una de las personas y la otra era la pareja legal de ella, con lo cual si se le daba la adopción era simplemente regularizar una situación, que de hecho se estaba produciendo, luego para la niña no iba a suponer ningún cambio a nivel psicosocial. Iba a seguir viviendo con esta pareja e iba a tener los vínculos con esa persona".
Otro de los testigos que prestó declaración fue el jefe del Servicio de Protección al Menor de la Comunidad Autónoma, José Antonio Parra, quien afirmó a preguntas del fiscal, Manuel López Bernal, que después de entregar el informe solicitado por el magistrado acusado, --informe que concluyó que la cónyuge de la madre biológica reunía los requisitos para obtener la adopción-- éste les pidió que contestaran una serie de cuestiones, que Parra aseguró no poder aclarar al ser de tipo ideológico.
Ferrín Calamita, que durante la vista oral estuvo sentado junto a su abogado, no quiso hacer declaraciones "hasta que terminara el juicio"; en cambio, sí que las ofreció el abogado de la acusación particular, José Luis Mazón, que indicó que "este juicio es eminentemente documental, donde las pruebas orales no tienen tanta importancia como parecen, pero para nosotros ha sido muy positivo el desarrollo de la sesión de hoy".
El juicio concluirá el próximo 3 de diciembre con la lectura final de los informes de las partes.
