MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un total de 236.027 personas han sido valorados por sus comunidades autónomas para determinar su grado de dependencia, de los que cerca de 120.000 han comenzado a recibir los servicios y prestaciones que establece la Ley de Dependencia, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, estas cifras, que abarcan desde la entrada en vigor de la norma (el 1 de enero de 2007) hasta el 20 de enero de este año, recogen que del total de solicitantes, un total de 113.466 han sido reconocidos como grandes dependientes, es decir, aquellos que necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona para desarrollar las actividades de su vida diaria.
Según establece la Ley de Dependencia, estas personas son las que desde el primer año de funcionamiento de la norma tienen que estar recibiendo las prestaciones y servicios.
Del mismo modo, las cifras señalan que las comunidades autónomas han valorado a 5.896 personas como dependientes severos nivel II, es decir, aquellos que requieren ayuda dos o tres veces al día para realizar actividades cotidianas. La norma regula que este segundo grupo de dependientes debe beneficiarse de los servicios desde los años 2008 y 2009.
De la misma manera, las autonomías han estudiado el caso de otras 9.200 personas que, o bien tienen grados de dependencia que todavía no les hace beneficiarios de la ley, o bien son personas que han sido valorados como no dependientes.
De este modo, las comunidades han dictaminado el nivel de dependencia de 128.663 personas sobre el total de 236.027 solicitantes. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entienden que los 122.561 restantes "están siendo estudiados por las comunidades autónomas".
En cualquier caso, recuerdan que la ley obliga a resolver las solicitudes en un plazo de tres meses, y que, transcurrido este plazo, los dependientes pueden recurrir a la vía judicial para recibir estas ayudas "porque es su derecho".
Igualmente, estas mismas fuentes precisan que las comunidades autónomas reciben financiación estatal mensualmente por cada persona que sea valorada como gran dependiente o dependiente severo nivel II, por lo que, a los pocos días de que se haya resuelto su expediente, los dependientes deberían recibir las prestaciones.
La Ley de Dependencia establece que este colectivo tiene derecho a plazas residenciales, teleasistencia, ayuda a domicilio, plazas en centros de día y de noche, y añade que, en determinadas casos, podrán recibir ayudas económicas.
El 64 por ciento de los solicitantes eran mujeres y el 36 por ciento eran hombres, y la mayoría (62 por ciento) tiene más de 65 años. El Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio gratuito de información en el número 900.40.60.80.
Desde el Ministerio de Trabajo mantienen que no pueden "hacer más" de lo que están haciendo y que ahora "son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar la norma".
