A CORUÑA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH), Manuel Monge, envió hoy una carta al juez Baltasar Garzón en la que le piden que exija la devolución al patrimonio público de los bienes "robados" en la Dictadura.
En la carta, que va acompañada de un documento de 35 hojas, Monge considera "una vergüenza" que aquellas propiedades adquiridas en el ejercicio de poder de Franco "continúan siendo propiedades privadas administradas por su familia". En el caso de Galicia citan el Pazo de Meirás y la casa Cornide, un edificio de 1.500 metros cuadrados ubicado en la ciudad vieja de A Coruña.
Así, en el documento enviado con motivo del aniversario del fallecimiento del dictador, recuerdan que el Pazo se adquirió "descontando obligatoriamente a los trabajadores una parte de su nómina", además de "obligando" a los ayuntamientos a aportar el cinco por ciento de lo que ingresaban por la contribución.
Por ello, exponen que "una vez muerto el Dictador", la "ofrenda" debe volver al patrimonio público, tal y como ha ocurrido en otras zonas de España como en Tenerife. En su escrito añaden que ya han solicitado la devolución en un escrito a la ministra de Administraciones Públicas, Helena Salgado, que remitió el caso al ministro de Economía, Pedro Solbes.
"Dos meses después no tenemos noticias del asunto, por lo que, ante esta inhibición no podemos, ni debemos esperar más", apuntan, a la hora de justificar su carta enviada a la Audiencia Nacional y en la que solicitan que Garzón traslade a la Fiscalía general del Estado y a las Cortes su petición para que se tomen medidas para realizar un inventario de los bienes en poder de familias relacionadas con la Dictadura, así como que se elabore la legislación necesaria para que esas propiedades pasen al patrimonio público.
Además, en su escrito la asociación felicita a Garzón por el trabajo que realiza "para que se haga justicia con todas las personas que fueron víctimas del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y de la represión de la Dictadura franquista" y valora la decisión del juez "para que se conozca la verdad y se identifique a las personas enterradas en fosas comunes".
