ALICANTE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 24 entidades sociales y políticas, entre sindicatos, partidos y asociaciones, han constituido este miércoles la llamada Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Alicante para luchar contra la "estrategia" del Gobierno valenciano que pretende "desmantelar el Estado de Bienestar a través de una política de privatizaciones de los servicios públicos", según ha informado en un comunicado la organización.
Durante la presentación pública, que ha tenido lugar en la sede de la Universidad en Alicante, los integrantes de este nuevo colectivo han destacado que la nueva plataforma "nace con la voluntad de unificar esfuerzos en defensa del Estado del Bienestar".
La creación de esta organización, según han indicado, pretende "hacer frente a la política de recortes" que, a su juicio, "es una estrategia que trata de desmantelar los servicios sociales para privatizar su gestión y beneficiar a unos pocos".
La nueva organización ha hecho público un manifiesto contra "los recortes impulsados por el eje franco-alemán, que suponen una transferencia ilegítima de fondos públicos a los intereses privados".
En este sentido, han afirmado que esta política supone "una regresión en los derechos de los ciudadanos y un deterioro de la calidad de los servicios públicos" y han destacado que "mercadear" con la sanidad, la educación o los servicios sociales "sólo quiere imponer un nuevo modelo de sociedad más insolidario e injusto".
FRENO A LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS
En el mismo documento, han exigido "que se ponga freno a los recortes presupuestarios y de personal de los servicios públicos y que se priorice el pago de las deudas de las administraciones públicas a las entidades sociales"
Además, han demandado "que se pare el desvío de fondos públicos al pago de la deuda de entidades financieras y que se cree una verdadera banca pública que devuelva la liquidez a la actividad productiva real".
El manifiesto de la nueva plataforma también hace referencia a "la derogación de la reforma laboral, el cese de la criminalización de las protestas sociales" y reclama "una salida de la crisis solidaria y redistributiva".
