SEVILLA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONCE ha valorado este sábado la actuación realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contra el juego ilegal y ha ofrecido su colaboración para trabajar en esta línea de erradicación de una actividad que atenta contra los derechos de los consumidores. Así, ha asegurado que diariamente, unas 100.000 personas se enfrentan en la calle a una situación de "total indefensión" ante este tipo de juegos.
En una nota, la ONCE ha recordado que el Ministerio informó en la tarde de este viernes en un comunicado oficial que, a través de una resolución del secretario de Estado de Hacienda, se ha impuesto una sanción a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), por importe de 25 millones de euros, "como responsable de una infracción muy grave, establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego".
A su vez, la resolución también recoge que "la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet".
En este sentido, cabe recordar que la gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes, la Administración General del Estado respecto a juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas respecto a los de ámbito territorial.
Según ha explicado la ONCE, a pesar de la prohibición, entidades sin la necesaria autorización venden desde hace años lotería a través de redes minoristas de vendedores que actúan "fuera de toda legalidad, muchos de ellos utilizando la imagen de la ONCE y de sus tradicionales sorteos".
Los datos apuntan, según detalla, a que a finales de 2013, más de 50 organizaciones de este tipo operaban juego ilegal en toda la geografía, para lo que utilizaban casi 4.000 personas ejerciendo la venta, y acumulaban unos ingresos globales de 83,9 millones de euros. "En Andalucía, al juego ilegal se dedican 1.202 personas, que facturan 40,3 millones de euros", añade.
En este sentido, la ONCE ha lamentado y ha denunciado especialmente cómo muchas personas son "explotadas" por estas redes ilegales de juego, la mayoría personas en riesgo de exclusión social, como personas con discapacidad, de las que se utiliza "una imagen lastimera y de beneficencia".
De la misma manera, desde la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía se ha reforzado la colaboración con la Junta de Andalucía y la Unión de Consumidores de Andalucía en la lucha coordinada contra este fraude.
Asimismo, en las distintas reuniones mantenidas entre el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, con la Consejería de Justicia de la Junta y las delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía, el delegado ha venido pidiendo una "actuación más contundente de las administraciones para erradicar la actividad de los operadores de juego que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las Comunidades Autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores", según ha denunciado.
Finalmente, Cárceles ha agradecido la implicación de todas las administraciones en su implicación "en la lucha contra el juego ilegal", a la vez que ha considerado que "existe una intención cierta de lucro a expensas de los colectivos más vulnerables de la sociedad".
