Critican que en los Presupuestos para 2010 la cantidad destinada a las entidades de lucha contra las drogodependencias merma un 17,13%
SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace y la Federación Provincial de Drogodependencias de Sevilla Liberación llamaron la atención hoy ante la próxima celebración del Día Mundial de Lucha contra el Sida que un 18,6 por ciento de la población reclusa, unas 300.000 personas, tiene VIH, los cuales reciben una atención sanitaria "deficiente, sin que tampoco se garantice su acceso a una atención especializada en el exterior, además de producirse con demasiada frecuencia la pérdida de citas médicas".
Así, la presidenta de Liberación, Pilar Fuentes, informó en un comunicado de que entre los años 2004 y 2007 se produjeron un total de 772 muertes en las prisiones españolas, de las que más de 15 por ciento fueron por VIH-SIDA (116).
También quiso sacar a la luz la vulnerabilidad de las mujeres en situación de exclusión social afectadas por el VIH, en especial, las que ejercen la prostitución, que se encuentran "especialmente desprotegidas". Según apuntó, el 61,5 por ciento del total de casos de sida notificados en 2008 en mujeres, se debió a relaciones sexuales no protegidas, seguida de los casos de usuarias de droga por vía parenteral (25,8%).
Por su parte, el presidente de Enlace, Antonio Escobar, advirtió de la "dura realidad" de las personas que sufren esta enfermedad en situación de exclusión social, "agravada en la actualidad por la magnitud de la crisis, y que sufren un abandono social e institucional".
Según Escobar, el uso de jeringuillas compartidas "sigue siendo la principal vía de transmisión en los casos de sida notificados cada año". "Son personas que se encuentran en condiciones muy deterioradas y para las que, después de tantos años, siguen sin existir respuestas adecuadas a sus problemáticas", lamentó, precisando que el 37,1 por ciento de los casos de SIDA notificados en 2008 correspondió a usuarios de drogas por vía parenteral.
Por otro lado, afirmó que las personas inmigrantes en situación ilegal con VIH-SIDA también viven una realidad "extrema", pues la situación de ilegalidad "no sólo les impide el acceso con garantías a los servicios sociales o sanitarios, sino que las condena a vivir la enfermedad con el miedo a ser expulsadas del país si dan algún paso". Tal y como apuntó, hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas extranjeras estuvo por debajo del 3 por ciento, creciendo desde entonces hasta alcanzar el 27,9 por ciento del total de casos en 2008.
Además, criticó que "cada vez destina menos recursos a la lucha contra las drogodependencias y tampoco se crean los dispositivos para asumir las intervenciones desde las instituciones públicas". De este modo, advirtieron de que en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010 a las entidades colaboradoras "se reduce un 17,13 por ciento respecto a 2009".
RECHAZAN LA SANCIÓN AL CONTAGIO
Asimismo, ambas entidades mostraron su preocupación por la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía de sanciones a personas con VIH-SIDA si se produce la transmisión de la enfermedad, pues consideraron que "ya existe regulación jurídica al respecto y que la inclusión de este tipo de normas de contenido sancionador en una normativa de carácter esencialmente sanitario, sólo sirve para incrementar la estigmatización y castigo social que ya sufren las personas con VIH-SIDA, en lugar de dedicar esfuerzos decididos a políticas efectivas de prevención e intervención con la población afectada".
Ante esta situación, demandaron que "ninguna persona con VIH-SIDA se quede sin acceder a programas de tratamiento y apoyo, aumentando el número de recursos como las casas de acogida, creando recursos adecuados para las personas en circunstancias más problemáticas y promoviendo de forma decidida programas de reducción de daños, como la dispensación terapéutica de heroína o la creación de salas de consumo higiénico".
También piden que se acabe con la "discriminación en el acceso a la atención sociosanitaria de las personas presas con VIH-SIDA, con una mayor aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad y la puesta en marcha de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que prevé la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas públicos de salud de las Comunidades Autónomas".
Además, pidieron que se incluya la perspectiva de género en las políticas, programas y recursos públicos, además de crear recursos específicos para abordar la problemática de las mujeres con VIH-SIDA en condiciones más desfavorecidas y también se pongan en marcha las medidas necesarias para llegar a los grupos "más vulnerables" de inmigrantes que puedan tener barreras de acceso a los servicios.
Finalmente, demandaron que se incremente la inversión en políticas sociales y que se apoye desde la Administración la labor de las asociaciones que trabajan a pie de calle con las personas más excluidas socialmente.
