MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Parlamentarios y asociaciones provida comienzan a estar inquietos ante el reiterado retraso que viernes tras viernes se cierne sobre la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, en Consejo de Ministros, por lo que avisan al Gobierno de que, de no aprobarse finalmente la nueva regulación, "le pasará factura" en las próximas elecciones autonómicas y generales de 2015.
Así, el senador del PP y presidente de Acción Mundial por la Vida, un grupo de cientos de parlamentarios provida de todo el mundo, Ángel Pintado, critica en declaraciones a Europa Press este "retraso injustificado" al tratarse de un compromiso electoral del Gobierno.
"Los parlamentarios en favor de la vida estamos convencidos de que el Gobierno cumplirá sus compromisos. El retraso manifiesto empieza a generar cierto nerviosismo en cuanto a las verdaderas intenciones del Gobierno", avisa el diputado por Huesca.
Al mismo tiempo, el presidente de la asociación parlamentaria Familia y Dignidad Humana, y diputado histórico del PP Eugenio Nasarre recuerda que los 'populares' se presentaron a las elecciones con un "compromiso claro" de reforma de la actual legislación.
En su opinión, el anteproyecto que presentó Gallardón en su día, y que aprobó el Consejo de Ministros, es un "buen punto de partida" y cree que ya se han evacuado todos los informes preceptivos y, por tanto, el Gobierno está "en perfectas condiciones" para aprobarlo.
"MANIOBRAS DILATORIAS REPROBABLES"
Nasarre ve "inaceptable" que con la actual legislación que el aborto se haya convertido en un derecho, con la consecuente y "absoluta desprotección de la vida del 'nasciturus'". "Todas las maniobras dilatorias, si es que las está habiendo, me parecen reprobables porque el PP tiene que ser fiel a sus compromisos por los que les votó una mayoría de electores", ha subrayado.
Precisamente, hace unos días fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press que el proyecto de ley estaba ya listo y Justicia lo había remitido ya a Moncloa, a la espera de que se decida finalmente si saldrá o no adelante el proyecto de ley.
Mientras, Carlos Salvador, de UPN, cree que en el PP comparten la idea de que eliminar una vida humana no puede ser considerado un derecho, y subraya que otra cuestión "más compleja" sería cómo revertir esa situación legal sin rearmar al adversario político.
"No sabemos de dónde pueden partir las dudas que transmite el retraso reiterado en la tramitación de la norma. ¿Dudan ahora de suprimir una norma porque ha calado en la ciudadanía que "abortar es un derecho"? ¿Dudan de que puedan ganar el debate ideológico que se va a volver a abrir al derogar la vigente ley? ¿Dudan de que el apoyo social a la derogación de la ley de Zapatero sea mayor que la movilización pro abortista que organizará la izquierda?", se pregunta el diputado regionalista navarro.
Admitiendo que desconoce en qué punto está el proceso, se debate entre si el retraso se debe a un "debate conceptual" propio de la norma o más bien "uno táctico dentro del PP".
En su opinión, el PP debería denunciar las contradicciones "evidentes" de la izquierda, en este tema ya que, según indica, se hacen llamar "defensores de los más débiles, pero defienden que eliminar una vida humana, igual que la de cualquiera, sea un derecho sin sujeción a ningún límite".
FALTA INTERÉS DEL GOBIERNO
Por parte de las asociaciones 'en defensa de la vida', la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha criticado que el Gobierno haya incumplido de forma "sistemática" la aprobación de la nueva ley en Consejo de Ministros, después de haber tardado otros dos años de legislatura en presentar el texto, aunque se tratase de un compromiso electoral.
"Es muy sintomático la falta de interés y de voluntad que tiene este Gobierno para empezar a salvar vidas humanas porque todos los días hay 300 abortos en España y alguno que otro se podría evitar si esta nueva regulación estaría en marcha", resalta Joya, al mismo tiempo que lamenta que el Gobierno se esté decantando y anteponiendo sus cálculos electorales e intereses partidistas.
Por ello, le pide que sea coherente y tenga en cuenta que hay que salir de la crisis social y "que tiene un compromiso por mucho que crea que no sea así le pasará factura".
A la presidenta de la Federación española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, le "duele" que el Gobierno no vea como una "urgencia" "un asunto vital" porque, según alerta, "cada día que pasa lleva consigo la eliminación de seres humanos inocentes".
"Que se estén valorando o dejando influir por las presiones, o están valorando conveniencias electorales, cuando es un tema de derechos fundamentales que no debería ser negociable es un fraude a su electorado y también la pérdida de una oportunidad histórica de dar un paso adelante a favor de la vida humana", ha sentenciado Latorre. Es más, avisa al Ejecutivo de que, de no aprobar la normativa estarían intentando contentar a personas que "nunca les van a votar".
Por parte de la Fundación Red Madre, Carmina García se muestra preocupada por "el enorme retraso" en aprobar una reforma que ya en el título contiene "algo esperanzador", como a su juicio es la defensa de lso derechos del concebido y de la mujer embarazada.
"Queremos ser optimistas y pensar que el retraso puede deberse a que el Gobierno está metiendo medidas de apoyo a la maternidad o que se está planteando tramitar a la vez un proyecto de ley de apoyo a la maternidad. Instamos al Gobierno a aprobar una reforma que la sociedad española le ha demandado, el apoyo a la mujer embarazada y de la vida y del concebido por nacer", destaca.
Desde Red Madre, Carmina García exige al Gobierno y, especialmente a las mujeres del Gobierno que son madres, que piensen en que esta ley puede ser representar una "puerta que se abra" hacia mayores ayudas a la maternidad "que tanto necesita la sociedad española".
Destacando el bajo índice de maternidad, en su opinión esta es la ocasión para que las mujeres del Gobierno que son madres se acuerden de las que no pueden serlo porque no tienen ayudas. "Este Gobierno tiene que tener en cuenta a sus electores para pedirle algo a lo que se comprometió en su programa electoral y esperemos que no le pase factura el no cumplir sus promesas electorales", ha sentenciado.
Mientras, el presidente de Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha indicado que "ya se está acabando la paciencia de todo el mundo", desde que el pasado 20 de diciembre se aprobara el anteproyecto en Consejo de Ministros.
"No se entiende tras todos los informes preceptivos y consultas por qué no está aprobado ya el proyecto de ley. No tiene justificación ni por razones tácticas ni estratégicas. Si no terminan de aprobar la ley la desafección de las europeas iría a más", ha sentenciado.
