Un experto puntualiza que el reconocimiento de la galleguidad no implica dotar a una persona de derecho a participar en elecciones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia puede servir para, tal y como demandan algunos colectivos, abrir la posibilidad de que los gallegos residentes en otras comunidades de España puedan "optar" a votar en las elecciones al Parlamento gallego, según defendió hoy el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Ramón Máiz,
Así, en el marco del VIII Consello de Comunidades Galegas, que se celebra hasta mañana en Santiago de Compostela, este politólogo expuso el relatorio "El papel de la emigración en la reforma del Estatuto de Autonomía", en la que, por encargo de la Secretaría xeral de Emigración, defendió una propuesta concreta.
Así, el catedrático de Ciencia Política indicó que en el título del Estatuto referido a las instituciones de autogobierno y en el que se regulan las bases estatuarias de la ley electoral se aborde "la posibilidad de que los ciudadanos gallegos que viven en otras comunidades autónomas voten en las elecciones al Parlamento de Galicia", por más que "esto exceda al exclusivo ámbito competencial estatutario gallego".
Ramón Máiz explicó hoy a Europa Press que el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía permite "abrir oportunidades para incluir a la ciudadanía gallega del exterior" y recordó que en el texto aún vigente hay "un silencio clamoroso" respecto a esta cuestión. Añadió que "es necesario introducir explícitamente el fenómeno de la emigración" en la norma institucional básica para resaltar "el valor estratégico, político, cultural y económico de la diáspora para el progreso de Galicia".
DERECHO A VOTO
Según dijo, desde al preámbulo hasta los distintos títulos del nuevo Estatuto deben "poner en valor" la dimensión "identitaria" de los gallegos del exterior y de las comunidades que integran en sus lugares de acogida, "no como un hecho histórico del pasado, sino como un valor económico, político y cultural en un mundo que funciona en red".
La "extensión de la ciudadanía gallega" para los residentes fuera de Galicia conllevaría el reconocimiento de "derechos y obligaciones" para los emigrantes gallegos, señaló este experto, que apuntó que esto abriría la posibilidad de derecho a voto en las autonómicas para cualquier ciudadano de Galicia con independencia de donde resida.
Aunque admitió que esta cuestión no es sólo de competencia estatutaria, propuso "estudiar" la posibilidad de que los gallegos residentes en otros puntos de España cuenten con "derecho de opción a voto para Galicia o en la comunidad en la que residen". Detalló que, para ello, habría que negociar con el Gobierno central y con las otras comunidades, además de ser precisa la reforma de las leyes electorales estatal y gallega y de un "debate a fondo en el Senado". A pesar de las "dificultades técnicas y de ordenamiento legislativo", este experto insistió en abrir esta posibilidad.
EL RETORNO, "UN DERECHO"
Asimismo, entre las cuestiones a incluir en la reforma estatutaria, Máiz propuso que en el preliminar "se deje claro" la extensión de la ciudadanía gallega para los emigrantes de primera y segunda generación, al tiempo que propuso estudiarlo también para otras generaciones.
En otras partes del nuevo texto, apuntó que debe haber un reconocimiento de las comunidades gallegas y de la Lei de Galeguidade; y que el fenómeno del retorno sea concebido "como un derecho" para los gallegos del exterior de forma que los poderes públicos deban facilitar que sea "digno" en cuanto a la forma en que se afronte y a la posterior integración en Galicia.
También declaró que sería "bueno" que el nuevo Estatuto gallego "potenciase la figura del Valedor do Pobo", en cuanto a la defensa de los derechos de la diáspora, y que, incluso, se crease la figura del "Valedor do Emigrante", con rango de alto comisionado para "reforzar" la defensa de los derechos de los emigrantes.
"GALLEGUIDAD"
En el marco del VIII Consello de Comunidades Galegas, el abogado Xosé Luis Rodríguez Pardo, en su momento ponente del Estatuto de Autonomía y miembro del Consejo General de Emigración, propuso una reforma de la Lei de Galeguidade que otorgue a los ciudadanos del exterior "unos derechos que hasta ahora ejercían sólo los centros gallegos".
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Pardo expuso que un individuo es gallego "por una circunstancia concreta del territorio de origen y también por su ascendencia gallega, o bien porque haya tenido una ciudadanía gallega adquirida a lo largo del tiempo por haber vivido en Galicia y se haya censado o porque tenga hijos nacidos aquí".
Advirtió de que esta reforma "no trata de eliminar el movimiento asociativo gallego", que es una de las mayores riquezas patrimoniales de Galicia a mantener, sino posibilitar que las personas que no estén afiliadas a ninguna organización o que no aparezcan registradas en el CERA "no pierdan su condición gallega" y puedan tener acceso a los servicios de la administración reconocidos como derechos.
No obstante, este abogado puntualizó que el reconocimiento de la galleguidad para el individuo no implica dotar a una persona de derecho a participar en procesos electorales, aunque sí reclamarlo en función de la legislación que se habilite.
La propuesta de reforma de la Lei de Galeguidad establece, asimismo, que la "galleguidad" es mucho más que un sentimiento, es "un derecho y un deber activo que caracteriza y compromete a los gallegos y gallegas que residen fuera de la comunidad autónoma".
Aunque la revisión de la actual Lei de Galeguidade introduce novedades en relación a las comunidades gallegas en el exterior --como la regulación del funcionamiento del Rexistro de Comunidades Galegas-- o la adaptación de la composición y el funcionamiento del Consello da Galeguidade --en sustitución del Consello de Comunidades Galegas--, el punto de partida será la extensión del concepto de "galleguidad".
La nueva norma debe recoger también, según este experto, cuestiones como la institucionalización de las relaciones de las administraciones públicas gallegas con el tejido asociativo gallego en el exterior y con los propios individuos, y la extensión del concepto de galleguidad; la nueva regulación de las comunidades gallegas.
Asimismo, otras cuestiones a incorporar a la Lei de Galeguidade son la promoción de la igualdad de derechos civiles, políticos y sociales de los gallegos y la accesibilidad a la cultura, a la lengua y al patrimonio gallego, independientemente de donde residan; y la salvaguarda de los derechos de los retornados.
Para adecuar las políticas de emigración de la Administración a las diferentes realidades de los países que acogieron a gallegos, la reforma de la Lei de Galeguidade pretende que se recojan cuestiones concretas como la responsabilidad de la comunidad autónoma en el desarrollo de actuaciones que contribuyan a la mejora del bienestar y calidad de vida de los gallegos y gallegas en el exterior, en especial de lo que tengan mayor vulnerabilidad; facilitar el acceso a la información a toda la población gallega residente en el exterior, especialmente a aquella que no pertenece a ningún centro.
También se incluirá en la reforma legal mecanismos adecuados para promover la participación en la vida social y cultural de los mayores gallegos residentes en el exterior; una apuesta por el papel de la juventud de la diáspora; la potenciación del derecho a la educación y el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación a toda la emigración gallega como canal de comunicación ordinaria; y el derecho de los emigrantes al acceso al patrimonio y recursos culturales gallegos, en las mismas condiciones que la población de Galicia, entre otras cuestiones.
