MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha pedido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que la cotización obligatoria de las prácticas académicas, medida aprobada a finales del año pasado, no entre en vigor hasta después del 1 de enero de 2020.
Así se lo han trasladado los representantes de la CRUE a la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Madrid para abordar el desarrollo de esta regulación, que ha generado polémica en el ámbito educativo.
Según ha informado la CRUE en un comunicado, la Secretaría de Estado de Seguridad Social se ha comprometido a trasladar "un primer borrador de desarrollo reglamentario sobre el que se seguirá trabajando en una próxima reunión prevista para finales de febrero", y ha manifestado "su disposición a asumir las tareas de gestión necesarias para la aplicación de esta medida".
Por su parte, los rectores han pedido que el Gobierno mantenga "conversaciones con todas las partes o implicadas, estudiantes, sindicatos, empresarios, consejos sociales y administraciones autonómicas, a fin de informarles e implicarles también en el posterior desarrollo reglamentario".
Desde el Gobierno se ha anunciado que la secretaria de Estado de Universidades y el secretario general de Universidades se reunirán en los próximos días con representantes de las comunidades autónomas, Consejos Sociales y estudiantes para "recabar sus consideraciones y posibles observaciones a este respecto", apunta en un comunicado.
"El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reitera la intención del Gobierno de construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo fundamental de favorecer y mejorar la actividad educativa y académica", según destacan desde el gabinete del ministro Pedro Duque.
ACUERDO PARA EL PRÓXIMO CURSO
A principios de enero, la CRUE reaccionó a la aprobación de esta medida, incluida en el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, calificándola de "sorpresiva" y "precipitada", advirtiendo además de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades".
Tras esa reacción, el Gobierno y la CRUE acordaron en una primera reunión celebrada el 16 de enero que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020. Ahora los rectores pretenden retrasar su entrada de vigor unos meses más.
