MARBELLA (MALAGA), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ex asesor de Urbanismo de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca (en la imagen) y dos de las colaboradoras en este área María Castañón y Raquel Escobar hablaron al juez de la responsabilidad del que fuera alcalde marbellí Julián Muñoz en las obras del hotel Guadalpín. Así, mientras Roca señaló que el desprecinto lo decidió Muñoz, Escobar dijo que le informó de las irregularidades pero que éste le dijo que la licencia "la iba a aprobar por decreto". María Castañón indicó que el convenio "se lo encargó el señor Muñoz".
Roca aseguró que tanto el desprecinto como el otorgamiento de la primera ocupación "fue una decisión exclusiva de Julián Muñoz". Según la declaración que hizo la pasada semana ante el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, a la que tuvo acceso Europa Press, existe regularidad en el trámite "al menos" hasta el informe favorable de 30 de marzo de 2001 y el acuerdo de comisión de gobierno de abril de ese mismo año.
En su comparecencia en las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia de una comunidad de propietarios, hizo hincapié en "la intervención esencial" en la apertura del expediente y del acta de inspección del Servicio de Disciplina Urbanística y del jefe de los Servicios Jurídicos, Jorge González, que compareció como testigo en esta causa y cuyo testimonio dio origen a la investigación de la operación 'Malaya', comprobándose la inadecuación de las obras con la licencia otorgada".
Asimismo, Roca, encarcelado por el caso 'Malaya', dijo que ante el precinto de las obras "le consta" que hubo gestiones con el alcalde para solucionar el tema; de hecho, "como consecuencia de ello es el fax que le remite el alcalde a Francisco Merino para que le informe sobre los excesos de metros que tenía el hotel". Tras este informe, "el alcalde pide a Planeamiento que realice el convenio para legalizara los nuevos parámetros urbanísticos".
Por su parte, la asesora de Urbanismo Raquel Escobar declaró un día antes que Roca que había un informe a un reformado donde se ponía de relieve "ciertos incumplimientos graves" y que en el caso de la licencia de primera ocupación "era absolutamente negativo", pues había unos "desajustes graves" entre la obra ejecutada y la licencia otorgada.
Aseveró que le llamó el alcalde "informándole de que esa licencia la daría él por decreto y que le diera el expediente". Añadió que ella le informó de las irregularidades y de que la licencia "debía ser denegada en comisión", pero que decidió "que la iba a aprobar por decreto y que le remitiera el expediente". Añadió que el jefe del Servicio jurídico pudo tener conocimiento de la aprobación por decreto, pero no lo aseguró.
Por su parte, Castañón aseguró que se firmó un convenio que tenía la particularidad de que "la obra estaba comenzada y, al parecer, parada". Añadió que en el documento se recogió esa circunstancia y "condicionar el otorgamiento de la licencia al consentimiento de la comunidad de propietarios que había iniciado las actuaciones".
Los tres se desvincularon de estas presuntas irregularidades tanto en las licencias de primera ocupación como en la aprobación del convenio.
