MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha manifestado que los usuarios pagarán en las facturas de la luz que restan hasta diciembre las "consecuencias de las decisiones" del Tribunal Supremo, al anular éste, ha indicado, las órdenes que regulaban la Tarifa de Último Recurso de la electricidad en el último trimestre del 2011 y el primero de 2012.
En este sentido, la organización ha explicado en nota de prensa que "por orden" del Tribunal Supremo se "obliga" al gobierno central a "revisar al alza" el precio fijado para los peajes eléctricos incluidos en las actualizaciones de la Tarifa del Último Recurso publicadas entre octubre de 2011 y enero de 2012.
Según el tribunal, ha recogido UCE, los usuarios pagaron en el último trimestre del año pasado y en el primero de éste un recibo "más bajo" de lo que debían haber abonado para cumplir la "obligación legal de no aumentar" el denominado déficit de tarifa, es decir, la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se paga por ella.
Por ello, en las facturas que las comercializadoras emitirán entre agosto y diciembre de 2012, ha destacado la organización, se verá como se incluirán "varias cantidades" correspondientes a la regularización de lo que se había pagado entre octubre de 2011 y el 31 de marzo de 2012 que, según ha apostillado UCE, se "hará proporcionalmente hasta final de año".
En este sentido, ha comentado este colectivo, puesto que las tarifas de abril de este año en lugar de publicarse el día 1 lo hicieron el 26, también se "cargará" a los usuarios lo que pagaron "de menos" en esos días, aunque, ha manifestado, "por su pequeña cuantía" se cobrará "en una sola vez".
"Lo cierto es que esta decisión sigue el camino de convertir la luz en un bien casi de lujo, pues a la subida acumulada en las revisiones de 2012, se suma ahora esta regularización y la subida del IVA", ha destacado la Unión de Consumidores de Extremadura.
Por ello, desde la organización se ha instado a la Comisión Nacional de la Energía a que finalice la investigación que se está llevando a cabo del actual sistema de subastas de electricidad y fije un procedimiento "más sencillo y transparente" para determinar el precio real de la producción de energía eléctrica.
