MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El cabecilla del intento de motín registrado a finales de enero en el módulo 16 del centro penitenciario de Huelva es Fernando Vázquez Ayude, uno de los diez presos más peligrosos de España y autor de la denuncia que originó el procesamiento hace más de quince años del ex ministro del Interior Antoni Asunción cuando éste aún era secretario general de Asuntos Penitenciarios.
Vázquez Ayude fue narcotraficante y cumple una condena de 66 años por dos delitos de homicidio. Su historial delictivo se ha forjado más dentro que fuera de la cárcel. Cuenta con un largo curriculum de revueltas en muchos de los centros por los que ha pasado. En 1990, en la cárcel de Monterroso (Lugo) acuchilló a un preso; un año más tarde encabezó otro amotinamiento, con el secuestro de un funcionario, en Herrera de La Mancha (Ciudad Real).
En el incidente de la cárcel de Huelva, el cabecilla de los amotinados --que, según Instituciones Penitenciarias, "se hicieron fuertes pero en ningún momento se hicieron con el control del módulo"-- hirió con una silla a uno de los funcionarios que acabó con un brazo roto. Él mismo también resultó herido de menor consideración, en un dedo.
La relación de Vázquez Ayude con el procesamiento del ex ministro del Interior se remonta al verano de 1991, cuando varias prisiones españolas registraron motines violentos con secuestros de funcionarios y asesinatos de reclusos. Tras ellos, Vázquez Ayude y otra docena de reclusos considerados muy peligrosos en régimen especial --los que forman parte del Fichero de Internos Especiales (FIES)-- fueron trasladados al centro Sevilla II.
Entonces, Antoni Asunción, que en aquel momento era secretario general de Asuntos Penitenciarios, ideó junto al jefe de Inspección Penitenciaria una serie de medidas de especial control para aplicar a estos trece presos y acabar con la ola de amotinamientos que pusieron en jaque el sistema penitenciario.
La puesta en práctica de estas medidas motivó que Vázquez Ayude denunciara a Asunción, al jefe de Inspección y a varios responsables de Sevilla-II al considerar que las mismas eran un sistema de tortura. Él y otros FIES señalaron que habían estado esposados durante días, que se les había impedido la salida al patio durante más de un mes, retirado sus pertenencias y obligados a vestir con el mismo mono durante un mes. Denunciaron que habían sido "humillados" y tratados "como perros".
La juez de Instrucción abrió juicio contra todos los funcionarios, entre los que también estaba el directos de la cárcel, y les acusó de "rigor innecesario", prevaricación y falsedad documental, entre otros delitos. Tras ello, el fiscal solicitó la absolución de los seis acusados pero consideró que hubo malos tratos y recordó que Asuntos Penitenciarios había cambiado la normativa sobre el tratamiento de este tipo de presos.
Asunción vio como en 1995 el Tribunal Supremo --intervino por su condición de aforado como diputado-- archivaba la causa contra él pero el resto de los acusados se enfrentaron a un juicio en Audiencia Provincial de Sevilla que, finalmente, les absolvió al considerar que las medidas impuestas se ajustaban al comportamiento de los presos que pretendían desestabilizar "todo el sistema penitenciario".
