VALENCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una interna del módulo 20 de la Unidad de Preventivos del centro penitenciario de Picassent (Valencia) ha sido condenada a cumplir una pena de un año y medio de prisión por agredir a dos funcionarias que le requirieron para salir de su módulo, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip).
La interna, A.P.B., fue condenada por un delito de atentado a la pena de un año de prisión, a otros seis meses por un delito de lesiones y a dos meses de multa por una falta de lesiones. Además, deberá indemnizar a las funcionarias por las lesiones causadas con 3.170 euros y 350 euros respectivamente.
Según consta en una sentencia, los hechos tuvieron lugar el 5 de febrero de 2005, cuando la interna, clasificada en Primer Grado --aquel que se aplica a los internos más peligrosos-- agredió a dos funcionarias que le requirieron para salir de su módulo.
Previamente, gritó "'que no salgo, por mis muertos que no salgo, y dejadme que no respondo'", y después agarró del pelo a una funcionaria, a la que provocó un esguince cervical, y golpeó a la otra, a la que le produjo una contusión en un dedo y otra en el costado derecho. A consecuencia de esta agresión, una de las funcionarias tuvo que permanecer 87 días de baja médica, ya que precisó de tratamiento habilitador.
El ministerio fiscal y la acusación particular, ejercida por las funcionarias con la asistencia del abogado del sindicato, Enrique Lozano, calificó los hechos como constitutivo de un delito de atentado a los agentes de la autoridad, según lo dispuesto en los artículos 550 y 551.1 del Código Penal.
Esta calificación del ministerio recoge lo previsto en el Decreto de 27 de noviembre de 2006 del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), por el que se considera a los funcionarios penitenciarios, funcionarios públicos.
Este Decreto se emitió tras la carta remitida por la sección sindical de Acaip en Valencia al mencionado fiscal jefe, en la que solicitaba que en los casos en que se producen agresiones a funcionarios de prisiones, los hechos sean calificados por el ministerio público como delito, y no como falta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 550 del Código Penal, que establece que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas".
La petición se basaba en que en la mayoría de los casos, la calificación que de los mismos hacía el ministerio fiscal era la de falta, "cuando perfectamente se puede considerar que existen todos los requisitos previstos en el artículo 550 del Código Penal". Por todo ello, los funcionarios "se sentían desprotegidos y abandonados por el fiscal, ya que veían como las agresiones de que son objeto, mientras realizaban su trabajo, quedan prácticamente impunes", lamentaron. "Afortunadamente", agregaron, "parece que este criterio se mantiene en las últimas calificaciones que está realizando el fiscal en los procedimientos judiciales abiertos".
