MALAGA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Málaga aseguró hoy que la testigo protegida del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el caso de los presuntos abusos sexuales que sufrió un aborto, tuvo "un control médico permanente", así como que su situación "en ningún momento impedía su estancia" en estas instalaciones.
Asimismo, la Subdelegación subrayó, a través de un comunicado, que "en todo momento se ha mantenido una constante comunicación del Cuerpo Nacional de Policía con las autoridades judiciales y el ministerio fiscal sobre la situación médica y administrativa de esta ciudadana extranjera".
La inmigrante, de origen brasileño, ingresó en el CIE el pasado 14 de julio, haciendo efectiva una resolución de expulsión dictada el 14 de marzo, según se señala en el citado comunicado, en el que se precisa que desde el día 25 del mes pasado la mujer estaba incluida, en calidad de testigo, en el proceso judicial abierto por presuntos abusos sexuales cometidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Así, en la nota se destaca que, en el momento en que la interna comunicó a la doctora del CIE que estaba embarazada de dos meses, "se le realiza un control médico permanente en el Centro de Internamiento por parte de la facultativa allí destinada".
Se precisa, incluso, que fue "derivada al hospital Carlos Haya en los casos en que demandaba asistencia médica inmediata o de urgencia"; sin embargo, "en ninguna ocasión, los facultativos que la asistieron estimaron oportuno su ingreso en el citado hospital'.
También se insiste en que "en ningún momento su situación clínica ha impedido su estancia en el Centro de Internamiento, como así lo hace constar la autoridad judicial --el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, que dictó el correspondiente auto--", que puso de manifiesto que "su situación médica y la necesidad de reposo no suponen una incompatibilidad con el mantenimiento del internamiento, dado que puede guardar reposo en el CIE y dispone de la adecuada asistencia sanitaria".
Según el relato de la Subdelegación del Gobierno, en la madrugada del pasado jueves, a las 04.57 horas, la funcionaria jefa del turno en el CIE, ante la demanda de la interna de asistencia médica, "solicitó inmediatamente al 112 la presencia de una ambulancia, que se personó en el lugar minutos después".
Los servicios médicos allí desplazados le realizaron una primera exploración médica, determinando su traslado al hospital Materno Infantil, lo que se produjo sobre las 05.20 horas. Una vez allí, según el comunicado, "el facultativo de guardia decretó su ingreso y fue sometida a un legrado, siendo dada de alta en la mañana de ayer, día 18".
Precisamente, la Subdelegación afirmó que el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, así como la jueza que instruye el caso de los presuntos abusos sexuales y el fiscal, fueron informados "en todo momento y en varias ocasiones" de su situación médica y de las asistencias recibidas.
Debido a su estado de salud, la mujer no pudo declarar ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho, y tampoco pudo hacerlo el pasado 8 de agosto. Ante esto, en la nota se hace hincapié en que "la Policía no ha querido materializar la orden de expulsión mientras no se produjese la declaración de la testigo ante la autoridad judicial con la práctica de la prueba anticipada, para no perjudicar la marcha de la investigación judicial, teniendo en cuenta que ni el ministerio fiscal ni la autoridad judicial han solicitado que no se ejecute dicha medida".
Se apunta, de igual modo, que "el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, a petición de la Policía, dictó auto acordando el cese del internamiento y la puesta en libertad de la interna", una medida que se hizo efectiva en la mañana de ayer viernes.
ABOGADO
Por su parte, el abogado de esta inmigrante, Jaime Rodríguez, aseguró ayer que, al parecer, el malestar de la testigo se originó tras "la discusión con un policía" del Centro de Internamiento de Extranjeros, y agregó que "la tuvieron una hora esperando sin que la atendieran".
Las organizaciones sociales Andalucía Acoge, Derechos Humanos y Médicos del Mundo pidieron, asimismo, la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, tras saber que esta testigo protegida continuó retenida y en proceso de expulsión pese a tener un riesgo de aborto.
