MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tipificará como "infracción administrativa" el incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones, medida que prevé incluir en el texto de la futura Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, que adapta y potencia la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, según anunció hoy el ministro en XX encuentro de las Telecomunicaciones en Santander, convocado por la asociación sectorial Aetic (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España).
Además, según adelantó Montilla, que esta semana cederá su cargo al actual alcalde de Barcelona, Joan Clos, la nueva ley establece un mecanismo más efectivo para permitir el control de los contenidos a nivel internacional. Según dijo, con la nueva ley, "se contemplará la posibilidad de impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente".
Asimismo, precisó que se eliminarán algunas infracciones administrativas que han quedado obsoletas, y sensibles en lo que se refiere a la conservación de tratamientos de datos de carácter privado, por lo que con el nuevo texto "se aumentará la privacidad de los ciudadanos". Asimismo, se revisarán las reglas de comprobación de validez de la firma electrónica y se obligará a los proveedores de servicios a informar sobre medios técnicos que permiten la protección contra virus y programas espía.
"Con esta medida, pretendemos contribuir a generar confianza y seguridad en la Red entre los ciudadanos y las empresas", aseguró Montilla. Por último, adelantó que el Gobierno pretende "establecer el uso obligatorio de la factura electrónica por personas físicas y jurídicas que contraten con la Administración General del Estado". Para ello, dentro del impulso a la Economía Digital, el Gobierno creará "una o varias oficinas que garanticen a todos la posibilidad de facturar electrónicamente", dijo.
Estas oficinas ofrecerán servicios de carácter gratuito en el caso de las personas físicas o jurídicas con una facturación anual inferior a 1,5 millones de euros, según explicó el ministro, "garantizando el principio de no discriminación".
