MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de las defensas y las acusaciones, entre ellas la Abogacía del Estado, han solicitado al inicio del juicio contra 133 controladores por el caos aéreo de 2010 2010 --del que se cumplen diez años-- la suspensión por la ausencia de las audiciones completas de las grabaciones de las comunicaciones entre el centro de control y las torres de control.
De hecho, algunos de los abogados han denunciado "presiones" para que todos los acusados pactaran con la Fiscalía y "cerrar" el asunto.
El macrojuicio ha arrancado esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid con la presencia de más de 30 abogados en la sala. En el banquillo se han sentado treinta de los 113 acusados de un delito de abandono del servicio público.
La mayoría de los acusados, 119, han alcanzado un acuerdo con el fiscal y las acusaciones para la reducción de las multas y la suspensión de cinco meses de empleo. Al parecer de los 14 acusados que quedarían, siete habrían alcanzado también un acuerdo aún sin firmar, según ha comentado uno de los letrados.
En la sesión, 18 de los acusados han reconocido que abandonaron el servicio, ratificando de este modo el acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Madrid y las acusaciones. Mañana continuarán las declaraciones.
La declaración de César Cabo, el exportavoz de USCA y que entonces fue la cara visible del colectivo, está prevista para el próximo 29 de enero pero previsiblemente será antes que esa fecha. Ese mismo día declararán el resto de los procesados y el responsable civil ENAIRE, proveedor de la navegación aérea en España.
A su llegada, el actual portavoz de USCA ha culpado del caos aéreo al antiguo Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero por "montar un follón" para justificar "la militarización" tras declararse el estado de alarma, una "decisión política". "Tendrán que responder ellos. Nosotros no cerramos el espacio aéreo ni hicimos ninguna huelga salvaje", ha subrayado.
Antes del inicio del juicio, la mayoría de los abogados han solicitado la suspensión de la vista oral para que se de traslado a las partes de las audiciones íntegras de las grabaciones que no se han podido incorporar a la causa sobre las comunicaciones en las Torres de Control de Barajas y Torrejón.
En la fase de cuestiones previas, un letrado ha criticado que la juez avisara en un escrito que iba a ser "muy dura" con los acusados que no pactaban, algo que el letrado interpreta como "presiones" para que llegaran a un acuerdo.
Durante uno de los descansos, un abogado defensor ha comentado a Europa Press que ha habido "presiones" para que todos los acusados conformaran para dar carpetazo al asunto. "Y amenazas", ha añadido su cliente, que defiende que no cometió ningún delito dado que permaneció en el puesto de control.
QUEJAS ANTE LA DENEGACIÓN DE SUSPENSIÓN
En cuanto a la petición de suspensión, la juez Margarita Valcarce se ha negado a este extremo argumentando que "no es el momento procesal" y recordando que el informe de las transcripciones figura en el procedimiento, formado por 58 tomos y 20.000 folios. Los abogados han formulado las correspondientes quejas ante la denegación de la petición de suspensión.
En su intervención, la fiscal ha sido contundente al afirmar que no hay motivos para suspender la vista oral y ha atribuido la solicitud de las defensas y las acusaciones como una maniobra dilatoria para retrasar más las sesiones.
En sus intervenciones, los letrados se han quejado de las transcripciones que constan en la causa y han alegado que la falta de una prueba tan relevante para el derecho de defensa vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y vulnera el artículo 24 de la Constitución. "La instrucción ha sido deficiente", ha criticado uno de los letrados.
Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado, la letrada Rosa María Seoane, ha planteado que se aporte una copia de la grabación de la reproducción de esas comunicaciones, al sostener que "no es cierta" la afirmación de que haya una imposibilidad técnica para incorporar esas cintas.
Asimismo, un abogado ha pedido sin éxito la suspensión ya que a su juicio el competente para juzgar estos hechos es la jurisdicción militar, según establece el artículo 3 del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma tras el cierre del espacio aéreo.
En las cuestiones previas, los abogados han planteado vulneración a la tutela judicial efectiva por la conformidad parcial de gran parte de los acusados; al derecho de igualdad de trato en alusión a la absolución decretada por otros juzgados españoles; y a un proceso con todas las garantías por supuestas presiones de la juez a los acusados que no conforman.
PACTO CON LOS CONTROLADORES
El fiscal pide en su escrito de acusación multas de entre 75.000 y 60.000 euros, una petición que se dirige hacia los catorce acusados que no han conformado.
En el caso de seis representantes sindicales se ha pactado ahora una multa de 150 euros diarios a razón de siete meses (31.500) y suspensión de empleo durante cinco meses. El acuerdo de los controladores quedaría en una multa de 100 euros a razón también de siete meses (21.000) y con la misma suspensión de empleo.
En concepto de responsabilidad civil, los controladores habrían pagado ya 20 millones de euros, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes.
Entre los acusados que no han pactado figura el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, que se enfrenta a una multa de 75.000 euros.
En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".
También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado.
