MÁLAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Málaga ha solicitado el archivo de la causa abierta en un juzgado de la capital contra controladores del aeropuerto malagueño a raíz del conflicto aéreo ocurrido en diciembre de 2010 durante el puente de la Constitución. El ministerio público entiende, tras examinar nuevos informes, que no hubo abandono del servicio, por lo que estima que no hay delito.
Las actuaciones fueron sobreseídas provisionalmente en dos ocasiones, aunque se volvieron a reabrir otras tantas veces, la última de ellas por parte de la Audiencia de Málaga, quien estimó que los hechos podían ser constitutivos de un delito de abandono del servicio público.
Ahora, la acusación pública insta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, a que se acuerde el sobreseimiento provisional de las diligencias y alude tanto a lo indicado por la jefa de la torre de control como a un informe elaborado por el director regional de Aena Región Sur, que llegó a los juzgados malagueños en diciembre del pasado año 2013.
Así, en el documento de la Fiscalía se precisa que la jefa de la torre de control indicó que "ninguno de los controladores abandonó el servicio", ya que cuando alegaron incapacidad y fueron enviados al servicio médico del aeropuerto y asistidos allí "estaban cubiertos por sus compañeros, ajustando los periodos de descanso", algo que "en los propios informes de asistencia se hace constar".
En cuanto al informe de Aena, en él se señala, según el ministerio público, "claramente" que "ningún vuelo de los previstos esos días en el aeropuerto de Málaga fue cancelado o desviado a consecuencia de la situación de los controladores del aeropuerto malagueño", por lo que se insiste en que el funcionamiento de las dependencias de Málaga "fue correcto".
Así, según se precisa en el documento, los perjuicios ocasionados a los usuarios "fueron consecuencia del cierre generalizado en otras dependencias colaterales a la Región Sur, que al no admitir tráfico por ciertas zonas o haber reducido la tasa de aceptación de aeronaves, apenas hicieron posible la llegada o salida del tráfico aéreo desde/hacia el aeropuerto de Málaga".
Asimismo, Aena apuntaba, según el escrito de la Fiscalía, a que aunque hubo controladores que declararon sentirse mal, "procediendo a notificarlo y acudir a evaluación médica", esa situación "en ningún momento provocó una interrupción en el servicio de control ni una reducción del tráfico", de forma que se atendió el "escaso" movimiento aéreo existente.
Además, se indica que tras ser atendidos los controladores, "volvieron hasta la finalización de sus servicios sin novedad", sin que el fiscal entre a valorar la veracidad o no de la incapacidad alegada, al indicar que se trata de una cuestión "realmente difícil, por no decir imposible" de determinar, pues consta los partes y el testimonio de un médico que "vio verosímil" los motivos de consulta.
Por todo esto, se concluye que "lo cierto es que no hubo abandono del servicio, puesto que "se ausentaron únicamente el tiempo preciso para ser asistidos por el médico del aeropuerto" y con esto "no se ocasionó perjuicio alguno", lo que, a su entender, "excluye" la aplicación tanto de la normativa de navegación aérea como del Código Penal.
