Confía en que el otoño sea "clarificador" para la futura ordenación y apuesta por lograr "el equilibrio de cara a una competencia legal"
SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha defendido que el Ayuntamiento hispalense está "muy pendiente" de la negociación promovida en torno al borrador elaborado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado (VTC), merced al decreto estatal del último otoño.
En una entrevista con Europa Press, Juan Espadas ha abordado el conflicto que enfrente a los taxistas y los conductores de VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, señalando especialmente el "marco de trabajo planteado entre la Junta y el sector" de los taxistas.
Y es que tras emitir el citado borrador de modernización del transporte discrecional en vehículos turismo, fruto del Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y municipios para regular la actividad de los VTC que operan para Uber o Cabify, los responsables de la Consejería de Fomento han celebrado reuniones con las diferentes asociaciones de taxistas que han formulado alegaciones a dicho documento.
Groso modo, el mencionado borrador de la Junta contempla la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, mientras en el caso de los VTC, las propuestas de la Consejería de Fomento incluyen la creación de estaciones para los mismos en el perímetro de los núcleos urbanos, para que estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios "salvo que tengan otro servicio precontratado".
No obstante, las principales organizaciones de taxistas no comparten la idea de habilitar estaciones de VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, insistiendo en su reivindicación de que los servicios de los vehículos de transporte concertado estén sujetos a un "tiempo mínimo de precontratación".
LA DEMANDA DE LA ANTELACIÓN MÍNIMA
A tal efecto, recordemos que las principales asociaciones de taxistas de Sevilla capital y el propio Ayuntamiento hispalense solicitaron en el pasado mandato municipal a la Junta que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos. Los taxistas de Sevilla, en ese sentido, vienen lamentando que el mencionado borrador no incluya la demanda relativa a la antelación mínima para la precontratación de los VTC, toda vez que la negociación entre ambas partes sigue abierta.
Precisamente en ese contexto, Juan Espadas ha señalado este "marco de trabajo planteado entre la Junta y el sector" de los taxistas, una negociación en la que el Ayuntamiento hispalense "está muy pendiente", según ha defendido.
"Hay que seguir como hasta ahora, muy pendientes y trabajando en todo aquello que el Ayuntamiento pueda poner de su parte, para encontrar el equilibrio de cara a una competencia legal" entre taxistas y conductores de VTC, ha defendido el alcalde hispalense, quien espera que este nuevo otoño "sea clarificador y de convivencia" entre ambos sectores del transporte urbano discrecional de viajeros, pues "a todo el mundo le interesa que (la competencia) se produzca de una manera legítima, leal y sin hacerse daño unos a otros".
CRUCE DE ACUSACIONES
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir continuamente en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes, capten viajeros de manera espontánea o utilicen los carriles reservados a los autobuses públicos y taxis.
Los conductores de VTC, por su parte, han denunciado no pocas situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas, dando lugar a una causa judicial en toda regla que investiga tanto a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi por supuestas coacciones para acaparar la parada del aeropuerto, como a diversos taxistas a título individual.
