BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha recomendado no convalidar el decreto ley que el Govern aprobó la semana pasada para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en el Parlament, para lo que tiene un plazo de 30 días desde su promulgación.
En el informe de regulación, publicado este miércoles y recogido por Europa Press, la Acco ha sostenido que la norma "profundiza en la dualidad regulatoria".
La Acco ha alertado que también se ahonda en la discriminación normativa existente entre "dos servicios materialmente idénticos" de transporte de viajeros en vehículos de turismo --el prestado por los VTC y el de los taxis--.
"Lo hace con el objetivo de debilitar las presiones competitivas que han ejercido recientemente los operadores de VTC respecto al servicio del taxi, sector tradicionalmente preservado de la competencia", ha argumentado este organismo, que vela por el correcto funcionamiento de los mercados en libre competencia.
La Acco no puede impugnar este decreto ley, pero sí que lo puede hacer con las normativas que deriven de éste, como las que podrían desarrollar ayuntamientos y entes supramunicipales para ampliar el tiempo mínimo de precontratación para los VTC, posibilidad contemplada en la norma.
PERJUICIO PARA LOS USUARIOS
El informe también señala que el decreto ley supone un "perjuicio inmediato" para los usuarios y que impide que los usuarios se beneficien de las diferentes innovaciones tecnológicas que han hecho las plataformas de VTC.
Las plataformas "han permitido la aparición de una alternativa de movilidad muy eficiente y satisfactoria desde el punto de vista de estos usuarios", ha remarcado, y ha lamentado que la norma disminuye la oferta e incentiva una modalidad de contratación más ineficiente.
PAPEL ADMINISTRACIONES
La Acco ha defendido que la actuación de los poderes públicos debería propiciar "un entorno de mercado que posibilite el desarrollo de la actividad en diversas modalidades" y reconozca derechos y obligaciones equivalentes para los diferentes operadores.
También ha considerado que las limitaciones legales que establecen las administraciones deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y mínima distorsión.
"La elección de un modelo más o menos procompetitivo para este tipo de transporte constituye exclusivamente una decisión política", ha concluido el organismo.
