BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 30 de agosto a un hombre de 20 años y vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), como presunto autor de delitos de estafa continuada, falsificación de documento público, delito de revelación de secretos y de entrada en vivienda ajena, por estafar a ancianos y a dos empresas suministradoras de gas en Barcelona para las que trabajaba.
La investigación presuntamente comenzó el 4 de julio cuando los Mossos recibieron la llamada de una vecina que alertaba de la presencia de tres personas en el edificio que se habían identificado como trabajadores de una empresa de suministros de gas y que no les daba ninguna fiabilidad, ha informado el cuerpo policial este sábado en un comunicado.
Los agentes fueron hasta el lugar de los hechos, localizaron a los tres hombres, y durante las comprobaciones, uno de ellos les mostró la acreditación de la empresa por la cual trabajaba, a través de su móvil: se trataba de una comercializadora que gestionaba la facturación de una conocida empresa de suministro de gas, como enlace entre Madrid y Catalunya.
Tras diversas investigaciones, que duraron semanas, los agentes pudieron acreditar, a partir de varios testimonios y víctimas, las actividades que llevaba a cabo el arrestado, preferentemente a ancianos, con la intención de lucrarse con el máximo de nuevos contratos posibles, dado que cobraba entre 30 y 60 euros por contrato realizado.
Su 'modus operandi' consistía en ofrecer una mejora en las condiciones del contrato de suministro de gas a partir de un cambio de facturación de Madrid a Catalunya, de este modo supuestamente engañaba a las personas y les hacia creer que continuarían en la misma compañía.
La actividad de la empresa del detenido consistía, en realidad, en comprar de manera legal el suministros a grandes empresas del sector con sede en Madrid para, posteriormente, distribuir el gas entre sus propios usuarios.
AGRAVIO ECONÓMICO PARA EMPRESAS
Otra consecuencia de la mala praxis de este presunto estafador tenía a ver con el hecho de que la mayoría de altas que conseguía eran canceladas posteriormente por los clientes, lo que generó un importante agravio económico a las empresas afectadas, que calculan pérdidas de entre 25.000 y 35.000 euros.
Entre otras prácticas, el arrestado presuntamente manipulaba firmas de clientes y alteraba los datos de documentos oficiales con la finalidad de que se llevara a cabo el cambio de titularidad de suministro.
El arrestado pasó a disposición judicial este viernes y quedó en libertad con cargos, aunque la investigación continua abierta, ya que los agentes creen que la cifra de personas afectadas podría ascender al centenar.
