BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La veintena de personas que se han querellado contra los Mossos d'Esquadra por ser víctimas de un presunto espionaje han recurrido el archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona al considerar que el cuerpo investiga "con fines políticos" a personas cuyo único nexo es que son constitucionalistas.
En un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, que firma el abogado José María Fuster-Fabra, como afectado y también como representante del resto de implicados, se sostiene que "se han tratado de alterar derechos tan fundamentales como el derecho de defensa, el derecho a la información, el derecho a la libre circulación sin ser vigilado, observado y espiado".
"Todo esto se ha hecho desde el seno de un cuerpo policial, utilizando recursos públicos y al margen de la autoridad judicial", por lo que pide que estos hechos que califica de gravísimos sean investigados hasta las últimas consecuencias, y que se cite a declarar como investigados a los agentes que hicieron estos informes.
El abogado constata una "extralimitación realizada únicamente con fines políticos, usando caudales públicos y violando los derechos de los ciudadanos, actuando con clara vulneración de la independencia y neutralidad política e imparcialidad" de los Mossos.
Además, advierte de que archivar definitivamente el caso en el juzgado supondría "dar carta blanca, carta de naturaleza" a que en el futuro pudieran realizarse situaciones similares a personas de diversos ámbitos que defienden el orden constitucional.
Entre los querellantes están el exlíder de SCC José Ramón Bosch, los sindicalistas de Mossos David José y David Miquel; el detective Julián Ángel Peribañez, los políticos de Cs David Heredia y Sergio Santamaría, y el periodista de A3 Albert Castillón, entre otros, que denunciaron al juzgado sus seguimientos al hacerse públicos informes tras la intervención de documentación a Mossos que iban a quemar en una planta recicladora.
"SEGUIMIENTO Y CONTROL"
"Nunca, jamás, hasta donde llega a saber este letrado, se ha producido un hecho similar en la Europa democrática, el seguimiento y el control sobre personas exclusivamente por defender la legalidad vigente y por supuesto no siendo sospechosas de delito alguno", argumenta en su recurso Fuster-Fabra.
Constata que las investigaciones existieron y la finalidad era seguir, grabar, ubicar domicilios, investigar y obtener datos personales de las personas "de lo que se ha venido a denominar de carácter constitucionalista".
En el recurso, califican las explicaciones que dio el comisario jefe de la Comisaría de Información, Manel Castellví, de poco precisas, y aseguran que incurrió durante su declaración "falsedades", y que ninguna de las investigaciones se hizo con conocimiento o consentimiento judicial.
El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha archivado las querellas presentadas por un presunto espionaje político al rechazar que las investigaciones se hicieran por "motivos de carácter político", según un auto recogido por Europa Press.
