MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las búsqueda de personas desaparecidas y acabar de una vez por todas con la violencia son algunos de los principales retos humanitarios a los que se enfrenta Colombia este año, de acuerdo con un informe elaborado por el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) en el que exhorta a acelerar la aplicación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC y reclama a todos los candidatos a las próximas elecciones un compromiso con el mismo.
"La búsqueda de las personas desaparecidas es el principal reto humanitario que enfrenta el país", ha dicho el CICR en un comunicado. La guerra en Colombia ha dejado más de ocho millones de víctimas, de las cuales la mayoría son desaparecidos. El año pasado, el CICR contribuyó a que 271 personas tuvieran noticias sobre el paradero de sus seres queridos: 133 restablecieron el contacto perdido y otras 138 confirmaron que están muertos.
El CICR ha valorado la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas --creada gracias al acuerdo de paz--, si bien ha subrayado que "debe mantener su carácter extrajudicial y humanitario, así como disponer de recursos humanos y económicos propios y suficientes", y ha pedido que se tenga en cuenta a las familias.
"Insistimos en que todas las partes del conflicto actual y todos los actores que participaron en conflictos ya finalizados tienen la obligación de entregar la información útil para esclarecer la suerte de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto", ha recordado.
La organización humanitaria ha identificado como otro de los desafíos el repunte de la violencia. Solo el año pasado, detectó 550 casos de violaciones recientes del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, "tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados".
"La disminución de las acciones armadas en varias regiones del país contrasta con la continuidad de graves fenómenos de violencia y con la falta de mejoras concretas en las vidas de las comunidades que más han sufrido las consecuencias del conflicto armado", ha dicho el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch.
De acuerdo con el CICR, durante 2017 --el primer año de vigencia del acuerdo de paz-- se registraron 77.000 nuevas víctimas, la mayoría desplazados. "No solo se trata de un número preocupante de personas", ha subrayado, sino que "cada cifra representa la historia de dolor de una familia que nunca debería haber sufrido una situación así".
En respuesta a los nuevos casos de desapariciones, homicidios selectivos, la violencia sexual, desplazamientos masivos y gota a gota, así como de reclutamiento forzoso de menores de edad por parte de grupos armados, entre otros, el CICR tuvo que desplegar 14 operaciones humanitarias de emergencia, la mayoría en la costa pacífica.
"Es urgente que el Estado colombiano asegure una presencia estable en las regiones más apartadas del país, con énfasis en la reconstrucción social --garantía de servicios básicos, participación ciudadana y oportunidades sostenibles--", sin limitarse al "control territorial o policial", ha indicado.
"AÑO DECISIVO"
La principal demanda del CICR, en respuesta a esta situación, es que el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso que surjan de las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para este año "prioricen en sus programas políticas la respuesta humanitaria a las víctimas del conflicto y la violencia armada".
"Es hora de que las víctimas de tantos años de conflicto reciban la atención que merecen. Si Colombia quiere realmente superar tantos años de dolor, debe asegurarse de que las víctimas ocupen un lugar central en la agenda pública del país", ha estimado Harnisch.
En concreto, el CICR ha instado a los futuros dirigentes colombianos, sean quienes sean, a "respetar las dimensiones humanitarias del acuerdo de paz y garantizar recursos para su implementación". Harnisch ha insistido en que dicha implementación "no puede retrasarse más".
La organización también ha considerado "imperativo" que en el diálogo de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) --la segunda guerrilla de Colombia-- "se adopten acuerdos humanitarios que tengan un impacto real en la vida de las personas que más sufren por el conflicto".
A este respecto, ha reiterado el llamamiento "a la Fuerza Pública y a todos los grupos armados del país a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias y a mantener a la población civil al margen de las hostilidades".
El CIRC, que en 2017 benefició con su acción a 65.700 personas, ha ratificado su determinación de "prestar ayuda a las víctimas del conflicto y de la violencia armada" en lo que Harnisch ha definido como "un año decisivo" para Colombia por la "transición política y social" a la que se enfrenta.
